La Abogacía Catalana rechaza que se prorrogue el Plan sobre los juzgados únicos para cláusulas suelo

• Alerta de la saturación de los cuatro órganos provinciales especializados en la materia en Catalunya, donde se han presentado ya más de 30.000 demandas

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa a los catorce Colegios de Abogados de Catalunya, ha manifiestado su rechazo ante la prórroga por seis meses más de los juzgados únicos provinciales para resolver las demandas por cláusulas suelo y otras reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de hipotecas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2018 el Plan de urgencia que prevé que la resolución de estas demandas continúen centralizadas en sólo cuatro juzgados provinciales -en el caso de Cataluña el Juzgado de Primera instancia número 50 Barcelona, el Juzgado de Primera instancia número 8 de Tarragona, el Juzgado de Primera instancia número 6 de Lleida y el Juzgado de Primera instancia número 3 de Girona-, circunstancia que está obligando a muchos ciudadanos a desplazarse para defender sus derechos ante los tribunales.

Ante las 30.482 demandas presentadas hasta el primer semestre de 2018 en los cuatro juzgados catalanes especializados en materia hipotecaria, la Abogacía Catalana alerta una vez más de la saturación de estos juzgados y reclama el acercamiento de la justicia a la ciudadanía. “Este Plan perjudica los intereses de los afectados porque dificulta el acceso a la justicia del ciudadanía, que debe desplazarse y destinar unos recursos económicos y de tiempo, circunstancia que puede generar un efecto disuasorio a la hora de reclamar sus derechos”, manifiesta el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Julio J. Naveira.

El Plan del CGPJ, aprobado el pasado mes de mayo de 2017, consistió en la especialización de un total de 54 juzgados de primera instancia en todo el Estado Español -uno por cada provincia – que se pusieron en marcha el 1 de junio de 2017 y que desde entonces tramitan todos los asuntos referidos a cláusulas suelo y otras reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de hipotecas. A finales de diciembre de 2017 y ante la situación de colapso de estos juzgados, el CGPJ reforzó el número de jueces dedicados a resolver estos asuntos, pero esta circunstancia, a criterio de la Abogacía Catalana, no es suficiente ni la adecuada para resolver la gran cantidad de asuntos que se acumulan en estos juzgados especializados. Para la Abogacía Catalana la solución pasa por repartir estos asuntos entre los juzgados de primera instancia de todos los partidos judiciales.

Según Naveira “bajo la excusa de una pretendida especialización están perjudicando gravemente los intereses de los afectados ya que, aparte de las dificultades ocasionadas por los desplazamientos, el colapso judicial está retrasando mucho la resolución de estos asuntos”. El presidente de los abogados catalanes se muestra totalmente “sorprendido” por el hecho de que el CGPJ haya prorrogado por seis meses más este plan “con el informe favorable del Ministerio de Justicia, ante los enormes perjuicios creados a los perjudicados por esta problemática” y se muestra convencido de que “si estos asuntos se repartieran entre todos los juzgados de los diferentes partidos judiciales, no sólo se dictarían muchas más resoluciones sino que, además, las personas afectadas evitarían los perjuicios personales y económicos derivados de la necesidad de desplazarse a las capitales de cada provincia”.