La Abogacía Catalana reclama destinar más recursos a los juzgados para luchar contra la corrupción

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa a los 14 Colegios de Abogados de Cataluña, ha reclamado, coincidiendo con el Día Internacional contra la corrupción, al Gobierno estatal que destine más recursos, humanos y económicos, a los juzgados para poder combatir la corrupción.

Por otra parte, la Abogacía Catalana rechaza la medida introducida por el Ministerio de Justicia en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado el viernes por el Consejo de Ministros que permitiría al Ministerio del Interior ordenar a las fuerzas del orden la intervención y registro de comunicaciones, telefónicas o mediante cualquier otro sistema telemático, sin autorización judicial. La Abogacía también ve inconstitucional que la toma de muestras de ADN a un detenido pueda hacerse sin la presencia de un abogado.

El Consell de l’Advocacia Catalana reclama que el gobierno estatal destine más recursos, tanto económicos como humanos, a los juzgados, para agilizar la justicia y poder luchar eficazmente contra la corrupción. El presidente de la Abogacía Catalana, Abel Pié, considera que “se debería reforzar el plantel judicial con recursos suficientes para poder evaluar de forma inmediata si ha habido delito”, para añadir que “la justicia es tan lenta que el tiempo de instrucción se alarga y los casos de corrupción se eternizan en los juzgados”. Para Pié “si no se aumentan y refuerzan las plantas judiciales, la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, limitando a seis meses la instrucción, no cumplirá sus objetivos”.

Rechazo a las intervenciones telefónicas sin autoritzación judicial

La Abogacía Catalana manifiesta su rechazo a algunas de las medidas incluidas en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes. Concretamente, la que permite al Ministerio del Interior ordenar a las fuerzas del orden la intervención y registro de comunicaciones, telefónicas o mediante cualquier otro sistema telemático, sin autorización judicial. Para el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Abel Pié, “la comunicación es privada. Si hay que hacer una intervención telefónica, debeser con autorización judicial”.

Rechazo a la recogida de muestras de ADN sin necesidad de abogado

La otra medida a la que se opone la Abogacía es la supresión de la necesidad de asistencia letrada para la recogida de pruebas de ADN de un detenido. “En toda prueba de ADN debe haber presente un abogado para certificar que todo se ha hecho correctamente”, ha dicho Pié, para quien la medida que contempla el anteproyecto de ley vulneraría los artículos 17.3 y 24 de la Constitución. Además, la Abogacía recuerda que esta disposición se contradice con el criterio del Tribunal Supremo, que el pasado 24 de septiembre extremó las garantías para la recogida de muestras de ADN y dictó que no se podrán utilizar como prueba sin que se haya avisado al abogado y éste haya aconsejado a su cliente.

La Abogacía Catalana pedirá al Ministerio de Justicia que reconsidere ambas medidas y las retire del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por su parte, el Colegio de Barcelona también manifiesta la necesidad urgente de invertir en la Administración de la Justicia y destinar más recursos humanos y económicos, así como llevar a cabo reformas legislativas, para que se resuelvan lo antes posible los casos de corrupción y se puedan detectar y evitar estas prácticas en el futuro.