La Abogacía confía alcanzar pronto un acuerdo con el Ministerio para mejorar los baremos del turno de oficio

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, se mostró hoy optimista sobre la posibilidad de alcanzar pronto un acuerdo con el Ministerio de Justicia para mejorar los baremos del turno de oficio.

“Nos encontramos en un momento de diálogo y de avance en justicia gratuita, un tema en el que hay que avanzar muchísimo. Estamos estudiando los baremos, todos deseamos que los Presupuestos Generales del Estado lleguen a término y esto se vea reflejado. También estamos viendo la modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita y podríamos tenerla este año”, contó Ortega en la inauguración de una jornada organizada por el Consejo sobre el Real Decreto Ley 6/2023.

Esta es la segunda jornada para explicar esta Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia: el lunes pasado se explicaron las novedades digitales que introducía y en esta segunda se abordaron las medidas de eficiencia procesal. Ambas jornadas han tenido una gran acogida y han sido seguidas online por más de 5.000 personas.

“Este real decreto tiene dos grandes ejes, por una parte, medidas de agilización dentro de la administración de justicia en las distintas jurisdicciones. Y por otra parte, la justicia de los cuidados, que tendrá en cuenta las particularidades de las personas que intervienen en un proceso, como las personas mayores o con discapacidad”, explicó Sofía Puente, secretaria General de Innovación y Calidad del Ministerio de Justicia, durante la presentación de la jornada.

Tras la inauguración hubo dos mesas redondas. Una sobre sobre las modificaciones que tendrán lugar en el orden civil, como la incorporación del pleito testigo o las reformas que persiguen dotar de mayor celeridad a los pleitos.  Y la segunda sobre los cambios en el orden penal, contencioso administrativo y social.

En la primera intervinieron José Arturo Pérez Moreno, vocal de la Comisión de Estudios, Informes y Proyectos del Consejo, Luis Martín Contreras, letrado de la Administración de Justicia, las magistradas Sonia Nuez Rivera y Beatriz Rodrigo Boned y José Antonio Colmenero Guerra. Profesor de Derecho Procesal. Universidad Pablo de Olavide.

En la mesa se abordó la presentación de pruebas y declaraciones-  “Lo importante no es cómo se presenta la prueba, presencial o telemáticamente, sino que se haga con garantías”, afirmó Pérez Romero- y se explicaron las novedades en el pleito testigo y el juicio verbal así como en las clausulas abusivas, las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE, las medidas cautelares y las costas procesales.

En la segunda mesa, moderada por David Casellas, decano del Colegio de Abogados de Manresa, se explicaron en detalle las medidas de eficiencia introducidas en los ámbitos penal, social y contencioso-administrativo para agilizar los procedimientos. Intervinieron  Juan Pedro Quintana, presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; María Jesús Fraile, secretaria de Gobierno de la Audiencia Nacional, Gemma Fabregat, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia y Yolanda Urban, magistrada asesora en la Secretaría de Estado de Justicia. “El objetivo era lograr una celeridad en la tramitación de los conflictos, sin merma de las garantías procesales exigibles y dotar de mayor seguridad jurídica la respuesta judicial”, resumió Urban.