La Abogacía demanda una asistencia legal integral y homogénea para los menores en toda España

El Consejo General de la Abogacía Española considera imprescindible impulsar políticas que doten al sistema público de Justicia de una asistencia integral y homogénea para los menores en toda España. En la inauguración de las I jornadas Nacionales de Menores y Adolescencia que se celebran hoy y mañana en Cádiz, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado que las diferentes autoridades políticas y judiciales extiendan la atención integral a los menores de edad a todos los territorios, dotando de juzgados especializados a aquellos lugares todavía no existen.

González ha pedido la creación de Turno de oficio especializados en menores allí donde todavía no se han creado y que se establezca para ellos una retribución equiparable al resto de Turnos especializados, como el de asistencia a las víctimas de violencia de género.

“Los abogados, en nuestro compromiso con la justicia y la mejora de la convivencia ciudadana, vamos a mirar de frente cómo protegemos a los menores, qué podemos hacer para mejorar su situación, qué problemas hay y qué soluciones caben”, expresó González ante el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y el consejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Nieto, entre otras autoridades.

En su intervención, el máximo representante de la abogacía apuntó de forma explícita a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que, en los casos penales, los menores tienen derecho a la asistencia letrada de oficio desde el primer interrogatorio.

González también hizo alusión al grave problema de los menores migrantes que está afrontando Canarias en lo que llevamos de año, así como a las alertas lanzadas por la Fiscalía General del Estado en su memoria del año pasado, en la que advierte sobre el creciente volumen de “problemas de conducta” entre los menores y de su facilidad para acceder a todo tipo de estupefacientes.

Durante las jornadas que arrancan hoy y concluirán mañana, los principales expertos en la materia abordarán cuestiones como la violencia contra menores, la constitucionalidad de la declaración de desamparo, el conflicto de ley, la discapacidad, los derechos transversales de la infancia y los desafíos legislativos en los diferentes ámbitos de aplicación de las leyes sobre los menores. Además de los aspectos estrictamente formativos, el objetivo de las Jornadas es contribuir en la elaboración de los contenidos que formarán parte del próximo Congreso Mundial de Justicia y la Niñez que está previsto para el año próximo en España.

En el acto inaugural también han participado el presidente de la Subcomisión de Menores del Consejo General y decano el Colegio de Córdoba, José Carlos Arias; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de la Abogacía y decano de Jerez, Federico Fernández; y el decano de Cádiz y anfitrión de las jornadas, José Adolfo Baturone, quien ha manifestado su satisfacción de que estas I jornadas nacionales se celebren en Cádiz.

Arias López ha destacado que la importancia de estas jornadas es que “son pioneras” porque la problemática se va a estudiar desde cuatro puntos: la reforma, la protección, violencia de género y discapacidad. “Nunca antes se habían tocado estos cuatro sectores que regulan los derechos de la infancia”, aseguró.

Federico Fernández ha recordado que este encuentro debe servir para que “desde la abogacía sigamos luchando por los derechos de los menores, una materia- que aseguró- tiene nuevos desafíos sociales”.

José Antonio Nieto ha recalcado la importancia de “la justicia juvenil”. ”Nos ocupamos de los más jóvenes, que han cometido errores y les dotamos de las herramientas sociales y legales para no volver a caer en ellos. Una democracia se mide por la calidad de su justicia”, dijo.

En el mismo sentido coincidió Rubén Pérez: “En materia de protección de menores hay que aplicar siempre el criterio del interés superior del menor y la percepción del menor como sujeto de derechos, independientemente de su situación administrativa”.

ABORDAJE INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y MENORES CON DISCAPACIDAD

En la primera mesa Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género, señaló que es imprescindible detectar todas las formas de violencia que sufren los menores para protegerlos mejor, sin limitarse a la violencia física en el entorno familiar y que hay que tipificarlas, en particular, la violencia económica. Incidió también en reforzar el ámbito educativo desde la infancia. Por su parte, Carolina Macías, miembro de la Subcomisión de Menores de la Abogacía Española, manifestó la necesidad de crear un turno de oficio especializado en menores violentados en todos los Colegios, como el recientemente implantado en el Colegio de la Abogacía de Málaga, para “evitar la revictimización, conseguir una asistencia inmediata por personal especializado y una mejor coordinación de todos los agentes implicados”.

Gregorio Savaria, delegado del CERMI urgió a la eliminación de barreras para garantizar el acceso a la justicia de menores con discapacidad en igualdad de condiciones, “estableciendo las garantías del derecho a entender y ser entendidos, con la posibilidad de contar con un facilitador procesal, promoviendo un número suficiente de profesionales cualificados y generando herramientas que permitan a los profesionales facilitadores realizar su trabajo”. Fernando Santos, fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba, reivindicó un estatuto jurídico de las personas con discapacidad. Y Nuria Orellana, magistrada de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Cádiz, pidió que se capacite de la formación necesaria a la Administración de Justicia,  policías, peritos, abogados y todos los agentes que intervienen en procesos con menores con discapacidad.

MENORES- CONFLICTO DE LEY Y CONSTITUCIONALIDAD DE DECLARACIÓN DE DESAMPARO

Luis Rabasa, magistrado juez titular del Juzgado de Menores único de Córdoba, expuso experiencias en el sistema de reforma juvenil. Tomás Montero Hernanz, jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias expresó que la derivación de casos al sistema de mediación juvenil no debe ser discriminatoria. “Cada situación debe someterse a un análisis previo y solo deben contemplarse aquellos casos en los que el menor reconozca su participación en los hechos y exprese su voluntad de repararlos”.  En este sentido, Valentín Aguilar, abogado de Córdoba, manifestó que los centros de reforma de menores deben ser gestionados por la Administración, garantizando un adecuado acompañamiento jurídico. “Para ello, es fundamental crear un Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica específico en estos centros, que podría integrarse en el marco de la justicia gratuita”.

En la última mesa del primer día de jornada se debatió sobre si es constitucional o no el sistema de la declaración de desamparo de los menores, con la intervención de Alberto Campomanes fiscal delegado de menores de la Fiscalía Provincial de Huelva y Silvia Giménez-Salinas, decana emérita de ICA Barcelona, quien pidió blindar a los menores de una seguridad jurídica, garantizando la posibilidad de comparecer ante un juez para otorgarle a éste la responsabilidad de decidir si un niño o niña y su familia deben ser separados o no. “La decisión de enviar a un niño o niña a un centro de protección debe ser tomada solo cuando todas las demás opciones para su protección y bienestar han sido agotadas, como el apoyo familiar, servicios de orientación o intervención temprana”, señaló.