La abogacía dispondrá de criterios orientativos para la tasación de costas y un procedimiento de amparo colegial en el primer trimestre de 2025

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha aprobado hoy la creación de un equipo de trabajo para elaborar un modelo de criterios orientativos de honorarios para la elaboración de la tasación de costas y jura de cuentas. Su principal objetivo es tenerlo listo para que esté a disposición de todos los colegios en el primer trimestre del año próximo.

El mismo plazo se ha marcado el Consejo para disponer de un procedimiento común que estandarice la tramitación y declaración de amparo colegial para aquellos colegiados y colegiadas que se consideren “perturbados o presionados en el ejercicio de sus funciones”, tal y como recoge la Ley Orgánica del Derecho de Defensa (LODD), que entrará en vigor el próximo 4 de diciembre.

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha explicado en el transcurso del Pleno que, una vez que esté en vigor la LODD, es obligación de los Colegios proveer a la ciudadanía de unos criterios estimativos para conocer el posible alcance económico de emprender acciones legales en el caso de que los tribunales rechacen sus demandas. De la misma forma, los Colegios deben tramitar conforme al procedimiento que se determine las peticiones de amparo formuladas por sus colegiados.

“En un plazo muy breve, la Ley del Derecho de Defensa va a proporcionar a los letrados y letradas dos importantes herramientas legales que deben hacer más fácil su trabajo cotidiano: por un lado, los criterios orientativos de honorarios para el cálculo de las costas procesales y, por otro, un trámite claro y sin dilación para amparar las situaciones en que los compañeros hayan sentido mermados los derechos de sus clientes por el trato recibido, bien coartando su libertad de expresión bien porque se haya sentido perturbado o presionado”, ha expuesto González a los consejeros.

La existencia de criterios orientativos en los Colegios es una práctica histórica que se vio interrumpida recientemente cuando la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) sancionó a algunos de ellos por incumplir las reglas de libertad de mercado. La nueva LODD, sin embargo, reconoce como derecho esencial de la ciudadanía conocer las posibles consecuencias económicas de emprender acciones legales en el caso de resultar condenado a pagar los honorarios de la parte contraria.

La abogacía considera que la inclusión de este artículo en la LODD, incorporado a instancias del propio Consejo General, es un firme paso adelante en la consolidación de un derecho esencial. Además, la existencia de estos criterios proporcionará una mayor seguridad jurídica y evitará la arbitrariedad de que las costas sean establecidas sin referencias claras dependiendo del juzgado en que se haya tramitado el procedimiento. Por si fuera poco, la existencia de los criterios debería contribuir a recortar los plazos con los que actualmente se establecen y liquidan los pagos que dependen del cálculo de las costas procesales. El Consejo entiende que todo ello redundará en una mayor agilidad en el funcionamiento de la Justicia y contribuirá a que la ciudadanía pueda adoptar decisiones contando con la mayor información posible sobre las consecuencias de las mismas.

Por lo que se refiere al amparo colegial, aunque ya está contemplado en el Estatuto General de la Abogacía aprobado en 2021, la LODD lo establece como mandato legal, lo que le otorga mayor fuerza, al tiempo que faculta al Consejo General y a los Colegios para establecer la “normativa aplicable”.

Antes del inicio del Pleno, los consejeros y consejeras de la Abogacía guardaron un minuto de silencio en memoria de los fallecidos y afectados por la DANA.