La Abogacía Española retoma el diálogo con el renovado Ministerio de Justicia para mejorar las condiciones de la Asistencia Jurídica Gratuita

Representantes del Consejo General de la Abogacía Española y del nuevo equipo directivo del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han retomado esta mañana el diálogo encaminado a mejorar las condiciones en que se presta el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.

La reunión es continuación del encuentro que mantuvieron hace unas semanas el ministro, Félix Bolaños, y la presidenta del Consejo, Victoria Ortega; y es la primera de un proceso minucioso a través del cual se quieren modificar los actuales baremos que se utilizan para calcular las indemnizaciones por los servicios que prestan los abogados de oficio.

En el encuentro han participado el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social del Consejo General, Antonio Morán, y el coordinador del Grupo de Trabajo del Turno de Oficio en Territorio Común, Ildefonso Seller, así como el secretario general técnico del propio Consejo, Borja Vargues. Por parte del Ministerio, la interlocución ha sido liderada por la secretaria general de la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, quien ha estado acompañada por la directora general para el Servicio Público de Justicia, Angels Garcia, y la subdirectora general de Colaboración Institucional para el Servicio Público de Justicia, María Rosario Martínez García. Ambas partes han repasado los diferentes aspectos pendientes de resolver y establecido un calendario de reuniones para ofrecer continuidad al diálogo.

La Abogacía Española viene reclamando en los últimos años una profunda modificación de la estructura a través de la cual se establecen las indemnizaciones que perciben los letrados que pertenecen al servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Y, en concreto, se ha reclamado de forma reiterada que los abogados deben cobrar por todo el trabajo realizado independientemente de si el usuario es posteriormente reconocido como tal o su solicitud es desestimada por no cumplir con las condiciones establecidas en la ley.

Asimismo, la citada comisión del Consejo ha reiterado en numerosas ocasiones que es imperativo que se reconozca una retribución para servicios no reconocidos pero que de facto de prestan por orden judicial, como es el caso de la defensa de las personas jurídicas en situación de insolvencia.

En cuanto a la evolución de las cuantías de las indemnizaciones, el Consejo General recordó hace tan sólo unas semanas que la última actualización de los baremos del denominado territorio Ministerio se produjo en el año 2018 y  reclamó que cualquier actualización tenga muy en cuenta la importante evolución del IPC en los últimos años.