La Abogacía Española se preocupa por los retrasos en el juicio de la hondureña Berta Cáceres

Como asegura la agencia EFE, el Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su preocupación por los retrasos que están teniendo los juicios sobre los ocho acusados del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres. Uno de los procesados es ejecutivo de la empresa Desarrollo Energético, entidad encargada de la construcción de un proyecto hidroeléctrico al que la ecologista se oponía.

Hace más de dos años que Berta Cáceres fue asesinada en su vivienda de La Esperanza, en la parte occidental de Honduras, tras ser amenazada en varias ocasiones. Tanto tiempo después los juicios de los supuestos autores de los hechos continúan en espera y mañana finaliza en plazo de la prisión preventiva para la mitad de los acusados.

Desde la Fundación de la Abogacía Española uno de sus miembros ha mostrado su preocupación por la lentitud del proceso: ” Datos los antecedentes a nivel técnico nos ha resultado bastante preocupante este retraso en el peritraje de la prueba por parte del Ministerio Público” ha dicho Gonzalo Sáenz para EFE. Además Sáenz también ha expresado su intranquilidad por una “declaración en abandono de la acusación privada que se hizo en virtud del artículo 100 del Código Procesal Penal hondureño” lo que podría llevar a “un debate jurídico”. También ha señalado que “a no ser que el Ministerio Público solicite una extensión de la prisión preventiva, supondría la libertad de cuatro de los acusados”.

Además, Gonzalo ha mencionado que se han puesto en contracto con el fiscal general del Estado Hondureño, Óscar Chinchilla para que los reciba antes de su regreso a Madrid, previsto para el próximo sábado, pero todavía no han recibido una respuesta.

Tanto Sáenz como Blanca Ramos, decana del Colegio de Abogados de Pamplona, han llegado la semana pasada a Tegucigalpa, capital de Honduras, para realizar un informe sobre el juicio del asesinato de Berta Cáceres.

Una de las cuestiones que ha reflejado la decana Ramos ha sido la “ausencia de la participación de las víctimas” y ha añadido que se les ha permitido participar en muy pocas sesiones del juicio además de que el acceso a determinada documentación les ha sido proporcionado en su mayoría por una sola la parte, la de la víctima.

Asegura que “Nuestra intención antes de marcharnos sería también tratar de reunirnos con la Fiscalía para que nosotros tengamos también otro punto de vista”.