La Abogacía Europea logra que la Justicia holandesa ordene el cese de las escuchas a abogados

El Tribunal Regional de La Haya considera en una sentencia que la vigilancia por parte de agencias de inteligencia a abogados constituye una infracción de sus derechos fundamentales y ordena al Estado holandés que cese en la vigilancia de las comunicaciones de los abogados.

El tribunal holandés abordó la ilegalidad de las escuchas telefónicas y comunicaciones por parte de las agencias holandesas de inteligencia en un caso entre los Países Bajos y el despacho de abogados Prakken d’Oliveira, la NVSA (Asociación holandesa de Abogados Penalistas) y CCBE (Consejo de la Abogacía Europea). En la sentencia de 1 de julio, el tribunal que conoce el asunto reconoce que las comunicaciones confidenciales con abogados son un derecho fundamental, en este caso violado por parte de las autoridades holandesas y su política de vigilancia.

El Tribunal ordena al Gobierno holandés que cese en toda interceptación de comunicaciones entre abogados y sus clientes en un plazo máximo de seis meses, en los que deberá ajustar la política de seguridad de sus agencias respecto a la vigilancia a abogados y asegurar que un órgano independiente ejerce un control efectivo a priori para interrumpir la escucha de las conversaciones abogado-cliente.

La política actual pasa porque únicamente un ministro del Gobierno puede autorizar la vigilancia, supervisada por un comité supervisor (CTIVD) a posteriori. EL tribunal considera en su sentencia que esta medida es insuficiente para garantizar el derecho al secreto de las comunicaicones.

El tribunal también establece en su sentencia que la información obtenida por espiar a abogados solo puede transmitirse a la Fiscalía si un órgano independiente ha examinado bajo qué circunstancias las agencias recibieron autorización para realizar la vigilancia.

INFORMACIÓN A LA FISCALÍA HOLANDESA

La política holandesa actual permite a los servicios de seguridad transmitir la información obtenida de la interceptación de las comunicaciones abogado-cliente transmitirla a la Fiscalía. El tribunal considera esta práctica contraria a Derecho y mantiene que las salvaguardas actuales son insuficientes a la luz de la jurisprudencia emanada del TEDH.

María Slazak, Presidenta de CCBE, ha mostrado su satisfacción por esta sentencia, comentando que “el principio esencial de la confidencialidad abogado-cliente se está viendo amenazado de manera exponencial sin que los motivos sean hechos públicos o aclarados. Nuestro objetivo es poner fin a cualquier tipo de vigilancia arbitraria y establecer límites al monitoreo de las comunicaciones privadas”.

El Estado holandés tiene cuatro semanas para recurrir el fallo.