La Abogacía insiste en la necesidad de llevar a la práctica el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en todos sus extremos

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado hoy en Toledo la plena implementación de todas aquellas medidas que implican a los profesionales del sector y que ya están contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Durante la inauguración de la décimo segunda edición de las jornadas organizadas por el propio Consejo, González expuso que deben implementarse sin demora algunos aspectos ya acordados como la preceptividad letrada en todos los casos de violencia de género antes de interponer la denuncia ante los cuerpos policiales. O como la comunicación a los Colegios de la Abogacía de los casos de violencia de género detectados, así como que se dote del número de letrados suficiente a los Turnos de guardia especializados.

El máximo representante de la Abogacía Española también alertó en su intervención sobre los riesgos de llevar a cabo una excesiva concentración de los órganos especializados, produciendo con ello un alejamiento de la justicia con respecto a las propias víctimas, que son quienes deben ocupar el centro del abordaje legal de estos casos.

Salvador González también aludió a la importancia de llevar a cabo una evaluación de los primeros 20 años de la ley de Violencia Integral contra la Violencia de Género sin olvidar la necesidad de combatir nuevas formas de violencia, como la que se produce a través del mundo digital, o la aparición del fenómeno entre los adolescentes, entre quienes parece no estar calando el esfuerzo en formación por evitar que la violencia de género se perpetúe en las próximas generaciones.

“A ello quieren contribuir estas jornadas desde la formación más completa y especializada. Y con ellas, un año más, ponemos a disposición de la sociedad y de las víctimas de violencia de género una Abogacía de talento y altamente cualificada, a la que además le sobra pasión, sensibilidad y compromiso”, concluyó González.

En el acto de inauguración también participaron Sara Simón, consejera de Igualdad de la Junta de Castilla-La Mancha; Ángel Cervantes, decano del Colegio de la Abogacía de Toledo; María Concepción Cedillo, presidenta de la Diputación Provincial de Toledo; Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres de la Abogacía; y Carlos Ángel Devia, subdelegado del Gobierno en Toledo.

Cervantes resaltó el compromiso de la Abogacía con la formación continua, especialmente en un tema de tal relevancia. “Con estas jornadas aspiramos a alcanzar la excelencia en la defensa de las víctimas, porque las cifras son alarmantes: 1.279 víctimas desde 2003”. Además, coincidió con el presidente de la Abogacía en la importancia de la asistencia legal, tanto antes como durante la presentación de la denuncia.

Por su parte, Rodríguez Santocildes hizo una llamada a todas las instituciones para asumir un compromiso colectivo en la lucha contra la violencia, con el objetivo de lograr “una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia”. También solicitó una reforma de la ley de justicia gratuita que incluya la violencia sexual, así como la creación de una ley específica para la trata de personas.

Sara Simón destacó la importancia de la educación en igualdad desde la infancia, subrayando la necesidad de mejorar las herramientas de prevención y de fortalecer la protección a las víctimas, especialmente en los centros de acogida del ámbito rural. “Es allí donde debemos intensificar nuestras acciones”, señaló.

Carlos Devia, subdelegado del Gobierno en Toledo, puso de relieve el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo a través de recursos materiales y personal, sino también mediante la formación especializada de las diferentes unidades. Asimismo, recalcó la relevancia de la cooperación institucional: “Muchos casos de violencia se nos escapan por falta de coordinación”.

Finalmente, María Concepción Cedillo informó que la Diputación ha realizado más de 1.000 intervenciones en casos de violencia en la provincia durante 2023. También destacó la implementación de programas de sensibilización y acompañamiento, en colaboración con asociaciones de mujeres, para favorecer la integración social de las víctimas.

VIOLENCIA VICARIA, TRATA Y VIOLENCIA ECONÓMICA

En la primera mesa de las jornadas se debatió sobre la violencia vicaria. Marta del Pozo, profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, pidió que los fiscales sean proactivos a la hora de tomar la decisión de suspender el régimen de visitas del padre con sus hijos cuando se tiene indicios de maltrato. Y recalcó que los juicios rápidos “no deberían en ningún caso tener cabida en materia de violencia de género”.

Miguel Lorente, profesor titular de Medicina Legal en la Universidad de Granada, reivindicó más apoyo económico de las administraciones a las víctimas para que éstas no se vean obligadas a retirar la orden de alejamiento. Junto a esto, solicitó mejorar la atención a las víctimas, “no solo acompañarlas, sino tratarlas para lograr una total recuperación”.

En la sesión sobre la trata y explotación de mujeres y niñas, se proyectó el documental `AVA´. Su directora y activista en defensa de los derechos de las mujeres, Mabel Lozano, denunció que la trata de menores discapacitadas es una realidad. “Si se acabara con la demanda se acabaría con esa repugnante práctica”, aseguró. Por eso, recalcó que escasea la educación sexual y que la trata es un delito. “No hay mujeres prostitutas, hay mujeres prostituidas”.

Vanessa Casado, fundadora de Asociación AMIGA por los Derechos Humanos de las Mujeres, incidió en perseguir a las personas jurídicas como responsables de delitos de trata que se lucran de ella, para ayudar a la indemnización de las víctimas. “Hay que asegurarse que las víctimas al menos cobran esa indemnización, porque su reparación total es imposible”. Y recordó la necesidad de una ley específica para la trata de personas.

También se habló de violencia económica, a la que se la definió como “silenciada y un abuso financiero”. Los ponentes reclamaron que “los juzgados de violencia sobre la mujer sean los competentes para instruir todos los delitos de violencia económica. Así las víctimas tendrán garantizada la asistencia inmediata y los beneficios de la asistencia jurídica gratuita”.

La Abogacía reclamó por último que la Ley Orgánica contra la Violencia de Género se cumpla, a 20 años de su entrada en vigor. Para ello subrayó la importancia de adaptar el lenguaje e incorporar la perspectiva de género.

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