La Abogacía insta a luchar contra las injerencias para preservar el derecho de defensa

“Cuidando el derecho de defensa, cuidamos también nuestra democracia”. La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha querido resumir con esta frase el espíritu de las I Jornadas de Defensa y Protección de la Defensa, que han arrancado hoy en Vigo. Lo que se pretende con estas jornadas es precisamente “sentar los ejes para defender la dignidad, la libertad y la independencia de la defensa”, ha añadido Ortega en el acto inaugural.

En este camino de lucha contra los obstáculos al derecho de defensa está también el incluir la asistencia letrada preceptiva en todos los concursos de acreedores en la reforma concursal que se está tramitando y en el ámbito de la violencia de género. “Lo fundamental es dar seguridad y confianza a las víctimas de maltrato”, ha recalcado la presidenta de la Abogacía Española.

“Con esta misma filosofía -de oposición frontal a cuanto suponga situar a las personas en evidente situación de indefensión- hemos rechazado también, tal y como está planteada, la creación de la llamada Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero”, ha recordado Ortega, quien también subrayó la necesidad de ofrecer mayores facilidades para la conciliación, la corresponsabilidad y la desconexión digital, “como regular la baja y la suspensión de procedimientos por enfermedad del abogado”.

En la inauguración también ha participado Lourdes Carballo Fidalgo, decana del Colegio de Abogados de Vigo y presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos e Intereses Profesionales de la Abogacía. Carballo ha destacado que una de las injerencias que afectan a este derecho es el intrusismo en la profesión de personas ajenas a ella “que no tienen la más mínima preparación para ello y que pretenden ofrecer asistencia letrada, porque a quien afecta directamente es a la ciudadanía y a su derecho a una tutela judicial efectiva”.

Carballo ha insistido en la necesidad de establecer medidas de apoyo que garanticen la defensa a profesionales y justiciables con discapacidad o luchar contra la brecha tecnológica y de género.

Y ha afirmado que también en los tribunales y en la Administración de Justicia los abogados sufren injerencias: “La merma del derecho de defensa supone una clara lesión al derecho de la ciudadanía, y debemos defender a los compañeros para que puedan defender a los justiciables con plenas garantías”.

Por su parte, José Mª Gómez y Díaz Castro-Verde, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ha indicado que estas jornadas suponen “el punto de partida para una mejor Administración de Justicia que responda a las demandas de la sociedad, porque una justicia lenta no es justicia”. Además, Pablo Estévez Rodríguez, concejal del Ayuntamiento de Vigo, ha apuntado que este foro “servirá para modernizar la Justicia y la Abogacía del Futuro”.

LA LEY DE DEFENSA

La presidenta de la Abogacía ha sido la ponente de la primera mesa “La Ley de Defensa”, en la que ha expuesto que contar con una Ley de Derecho de Defensa para la abogacía ha sido una reivindicación de muchos años. “Es un derecho fundamental íntimamente unido al acceso a la tutela judicial efectiva y tiene una referencia en la Constitución, pero no tiene un desarrollo de lo que supone su garantía ni su control”.  “La regulación de su actividad lo tenemos ya en el Estatuto -ha continuado-. Pero quien es el titular del derecho de defensa es el ciudadano, los abogados sólo ejercemos ese derecho”.

Para Ortega, la ley de Derecho de Defensa “vendría a ser el paraguas de toda la normativa, bajo el cual se pudieran construir leyes y reformas posteriores”. Y ha adelantado que el Ministerio de Justicia se comprometió a llevarla al Congreso este mes de septiembre. Para ello, “es necesario que se lleve al Consejo de Ministros la próxima semana”, ha recordado.

En la segunda mesa de la primera jornada se abordó  el amparo colegial ante la falta de consideración, las incidencias por retrasos en las vistas y la tramitación de quejas ante los TSJ.

Pedro Lescure Ceñal, secretario general y director de los Servicios Jurídicos del Colegio de la Abogacía de Madrid, indicó que cuando la injerencia o el ataque es por parte de un órgano judicial deben adoptarse medidas efectivas para amparar la dignidad e independencia profesional. “Lo primero es notificarlo al órgano judicial, después al presidente del TSJ y en última instancia al CGPJ por si la actuación puede ser merecedora de reproches disciplinarios. En aquellos casos en los que se valora la posible infracción delictiva hay que trasladarlo también a la Fiscalía”, afirmó.

Germán Serrano Espinosa, magistrado y juez decano de Vigo, explicó qué materias son susceptibles de amparo, como la grabación de actos procesales, la suspensión y retraso de vistas y tramitaciones, la adecuada coordinación entre la LAJ y el juez, el valor del tiempo y la puntualidad, la mala práxis o la atención incorrecta a los profesionales.

Por su parte, Amalia Álvarez Vázquez, colegiada del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela, habló de la libertad de expresión en el ejercicio de la abogacía: sus límites y el tratamiento por parte de los tribunales. “Es necesario para ejercer nuestros derechos y hacerlos valer”, afirmó.

Y Francisco José Vila Blanco, diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Vigo, expuso las injerencias del justiciable frente al abogado de oficio. “El origen de todos los males del abogado de oficio es la desconfianza que los justiciables tienen hacia el abogado que le ha sido designado, no solo hacia su pericia profesional, sino también al tiempo que dedican a su defensa”. Además, indicó que el Colegio tiene que estar con el abogado en estos casos, ya sea como acusación particular o como defensa.

En la última mesa del día Carlos Sánchez Rodríguez, del Colegio de Abogados de Vigo, incidió en la necesidad de mejorar las medidas de apoyo que garanticen la defensa a profesionales y justiciables con discapacidad.

Por su parte, Benigno Villarejo Alonso,  vocal de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Abogacía del Consejo General de la Abogacía Española y Esther Montalvá Medina, diputada del Colegio de la Abogacía de Madrid afirmaron que aún existe cierto recelo ante las nuevas tecnologías y animaron a superarlo.

Por otro lado, Marga Cerro González, presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía Española y María del Carmen González Ferro, vicedecana del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela expusieron varias estadísticas para demostrar que hay falta de igualdad de oportunidades y reivindicaron iguales condiciones para hombres y mujeres en el ejercicio de la abogacía.

Por último, Maia Román Fernández y José Félix Mondelo Santos, vocales de la Comisión de Defensa de los Derechos e Intereses Profesionales de la Abogacía del Consejo General de la Abogacía Española, pidieron más medidas para facilitar el ejercicio profesional a jóvenes y mayores.