27 septiembre 2019

La abogacía madrileña apuesta por el Derecho Constitucional y parlamentario

  • El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, impartió una ponencia en la jornada inaugural de la nueva Sección del ICAM presidida por Joaquín García-Romanillos y Enrique Arnaldo
  • “El TS está teniendo un papel fundamental frente a los problemas que está afrontando la sociedad”, señaló el decano José María Alonso

El Colegio de Abogados de Madrid estrenó anoche una nueva sección dedicada al Derecho Constitucional y Parlamentario, cuya presidencia han asumido Joaquín García-Romanillos y Enrique Arnaldo. La materia a que estará dedicada, como resaltó el decano José María Alonso, encargado de presentar el evento, “debiera haber sido la primera atendiendo a la jerarquía normativa”.

Alonso confió en que, tanto esta como el resto de las ya 42 secciones del Colegio, además de “constituir un foro de encuentro y divulgación profesional”, gocen de “capacidad de acción, sobre todo en el impulso de reformas legislativas que puedan ser de utilidad no sólo para la abogacía sino para toda la ciudadanía”, insistiendo una vez más en la importancia de dar voz a quienes “participan de la vida de las personas, incluso desde un momento anterior al nacimiento, con la figura del nasciturus, hasta el fallecimiento de todas sus relaciones mercantiles y personales”. Los letrados, que, en definitiva, son quiénes “conocen las necesidades e inquietudes de los ciudadanos”.

La jornada inaugural, que reunió a numerosas personalidades del mundo jurídico y autoridades, como la viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, contó con la intervención del presidente del Tribunal Constitucional y magistrado del Tribunal Supremo, Juan José González Rivas, “un referente del Tribunal que en este momento está teniendo un papel fundamental frente a los problemas que está afrontando la sociedad española”, en palabras de Alonso.

Y es que el TC, como recordó Arnaldo, “fue el primero de los órganos constitucionales tras el Consejo General del Poder Judicial, que se creó precisamente para poner en marcha el TC”. Además, a él debemos el desarrollo de “una completísima doctrina en materia de derechos fundamentales, y sigue en esa brecha como último garante de dichos derechos”.

García-Romanillos por su parte destacó la importancia de que “el juego parlamentario esté sometido a unas reglas, el Parlamento es donde más debe imperar el respeto a la norma teniendo en cuenta sobre todo la voracidad de la política”. Y es que el copresidente lamentó “las actitudes despectivas que venimos observando, empezando por las pintorescas formas de jurar la CE”, defendiendo que “el respeto a las normas y a las personas no está reñido con la dureza del debate”, y que, si bien ”es muy sano que los ciudadanos hablen y discutan de política, eso genera una responsabilidad, la de formar e informar bien”.

González Rivas, que centró su conferencia sobre el “presente y futuro del recurso de amparo”, comenzó explicando la propia figura del tribunal que preside, recordando que “no forma parte del Poder Judicial, es la última instancia en la vía de nuestro Derecho Interno, no es una tercera instancia jurisprudencial, no unifica doctrina (eso es objeto de la casación), sino que vigila que no exista desigualdad en la aplicación de la Ley, discriminación proscrita en nuestro ordenamiento”. El ponente continuó detallando todas las vicisitudes del proceso, desde la interposición del recurso de amparo, “mecanismo esencial de protección de los derechos fundamentales”, y finalizó ofreciendo datos al respecto: “hemos pasado de 300 o 200 recursos al año a estar masificados, nuestro deber es preservar los derechos a la vez que aplicar con rigor la Ley, un 15% se inadmiten por no cumplir con los requisitos”, advirtió.

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