La Abogacía marca una ambiciosa hoja de ruta para los próximos años en su XIII Congreso

La Abogacía Española ha cerrado su XIII Congreso nacional con una ambiciosa hoja de ruta que marcará sus objetivos de los próximos años. Las conclusiones de esta cita celebrada en el centro de convenciones de Port Aventura incluyen un paquete de propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley del Derecho de Defensa.

Entre esas enmiendas, que abordan aspectos muy diversos, se incluye un refuerzo de la presunción de inocencia, el aseguramiento de las garantías de asesoramiento jurídico del detenido, una mayor concreción acerca de las garantías del secreto profesional y el establecimiento de criterios de honorarios para que el justiciable pueda conocer el posible coste de emprender acciones judiciales, entre otras.

Las conclusiones de la ponencia de Derechos y libertades hoy también se incluye un refuerzo del procedimiento de amparo colegial, establecido para proteger la dignidad del abogado en el ejercicio de su profesión.

Las 44 conclusiones fueron votadas al término de cinco sesiones deliberativas, en las que los más de un millar de participantes debatieron sobre los principales desafíos que enfrenta la profesión actualmente.

Sobre intermediación y nuevos modelos de negocio, se aprobó, entre otras conclusiones,  determinar el alcance del secreto profesional para los abogados de empresas, y pedir al legislador que establezca una acción de clase específica para los daños ocasionados en el ámbito del derecho de competencia, sin necesidad de la participación obligatoria de las asociaciones de consumidores y usuarios.

También se votó la necesidad de regular el uso de sistemas de Inteligencia Artificial para la prestación de servicios jurídicos y el ejercicio de derecho de defensa online, así como para la selección de profesionales de la abogacía. Y se decidió que desde la abogacía institucional se establezcan programas de formación orientados  a facilitar el acceso de los profesionales a las tecnologías y herramientas digitales.

Las conclusiones también incluyen varias sobre la necesidad de regular la formación continua y especializada, con certificaciones periódicas de la actualización de conocimientos, así como un programa formativo al alcance de todos los profesionales, que garantice la igualdad de oportunidades. Y se aprobó la obligatoriedad de la formación continua en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, formación que debe ser gratuita para el profesional y subvencionada por las administraciones públicas.

Las conclusiones también piden que el Consejo General de la Abogacía establezca los requisitos para las diferentes especialidades, pero también que la especialización no tenga carácter obligatorio, ni suponga una reserva de actividad.

Y en lo relacionado con los desafíos deontológicos, se aprobó, entre otros temas, establecer deberes de custodia y control de datos sometidos a tratamiento automatizado o su tráfico en dispositivos, velando por la protección de datos personales, confidencialidad y garantía del secreto profesional; la creación de un Observatorio de ciberseguridad de la Abogacía en el seno del Consejo General de la Abogacía, o la adopción de criterios deontológicos específicos en las nuevas áreas extraprocesales de la profesión, particularmente en mediación, protección de datos y compliance en empresas

En relación a la justicia gratuita, se pidió a los poderes públicos que “sin dilación promuevan una nueva Ley reguladora de la materia”. Pero, en tanto y en cuanto no se apruebe esta ley, se instó a la inclusión de una disposición final en el texto del proyecto de ley del Derecho de Defensa, para que “se incluyan como acreedores del beneficio de justicia gratuita las personas jurídicas enjuiciadas penalmente”, y para que se establezca que “La intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita será indemnizada en todo caso, incluso en aquellos supuestos en que no exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita”.

En las conclusiones se pidió además que se establezcan de manera clara y homogénea los criterios para la concesión del beneficio de la justicia gratuita, y que se revaloricen anualmente y se equiparen las compensaciones económicas, de manera que sean iguales en todas las comunidades.

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