La Abogacía pedirá a la Audiencia Nacional que las nuevas tasas judiciales puedan pagarse de forma fraccionada

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Hacienda por la que se hizo efectivo el pago de las polémicas tasas judiciales al detectar una serie de defectos, como es la falta de previsión del fraccionamiento del pago o la ausencia del preceptivo informe del Consejo de Estado.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha explicado que la asesoría jurídica del Consejo está preparando un recurso contra la orden ministerial que permitió empezar a cobrar los nuevos gravámenes.

La Agencia Tributaria emitió días después de su publicación una nota informativa en la que se impedía “aplazar, fraccionar o compensar” el importe. Sin embargo, la Abogacía advierte de que esta cuestión no se prohibía en la propia ley de tasas ni tampoco se veta en la Ley General Tributaria.

“Hay varias razones para interponer ese recurso sin un ánimo dilatario ni un ánimo de colapsar los juzgados”, explica Carnicer, que califica de “absolutamente errónea” una medida que “sacrifica” el derecho de acceso a la Justicia recogido en la Constitución. “Estamos haciendo que los españoles paguen los derechos fundamentales que la Constitución dice que son suyos”, alerta.

LAS EMPRESAS PUEDEN DESGRAVARSE LAS TASAS

Carnicer desmiente al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando dice que las nuevas tasas afectarán sobre todo a las personas jurídicas. “No es cierto. Las grandes compañías pueden compensar el gasto de las tasas con sus beneficios o desgravarse parte de la cuota como un gasto de empresa”, detalla.

“Las tasas las van a pagar sobre todo los ciudadanos de a pie”, recalca Carnicer, para ilustrar que se han detectado casos “sangrantes” de familias que superan el mínimo de ingresos para poderse beneficiar de la Ley de Justicia Gratuita, pero que no pueden soportar las elevadas tasas y el pago de abogado y procurador. “Se ven impedidos al pedir que sean reconocidos sus derechos”.

El “problema” de las nuevas tasas ha llevado al máximo responsable de la Abogacía a ponerse “al lado” de jueces, fiscales, secretarios judiciales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios para exigir la modificación de esta norma. A su juicio, el Gobierno está cometiendo un “error gravísimo” al avalar una “violación clarísima” de los preceptos constitucionales.

En este escenario, la plataforma ‘Justicia para Todos’ ha recogido miles de firmas contra el texto y pondrá en marcha nuevas acciones en 2013 para defender los intereses de la ciudadanía. En concreto, la Abogacía trabajará en una propuesta para “construir una Administración de Justicia moderna, de calidad y gratuita para los ciudadanos sin recursos” que entregará al Gobierno.

A su entender, la Administración de Justicia se ha convertido por la falta de voluntad política en el “vagón que quedó desenganchado en la transición del resto de Administraciones públicas”. Por ello, la solución pasa por aumentar los medios, entre ellos los telemáticos, y aumentar el número de jueces.

GALLARDÓN: PERSONA ‘NON GRATA’ EN ALGUNOS COLEGIOS DE ABOGADOS

Cuestionado sobre las insólitas iniciativas adoptadas por Colegios de abogados de Canarias o Galicia declarando ‘persona non grata’ al ministro Alberto Ruiz-Gallardón, ha puesto de relieve que cada colegio tiene su autonomía y ha replicado que “nunca nadie había desarrollado una actividad ministerial como la que estamos padeciendo”. “Es lógico ante situaciones extraordinarias, contestaciones extraordinarias”, ha dicho.

Al ser preguntado sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que permitirá a la mayoría de vocales compatibilizar su cargo como vocal con el ejercicio de su profesión, como es la abogacía, Carnicer ha respondido que el nuevo modelo “debilita” la institución.

“No puedo entender cómo yo siendo abogado puedo estar en mi despacho trabajando y un día al mes ir al pleno a repasar la enorme producción de acontecimientos generados en el Consejo del Poder Judicial. Yo me consideraría incapaz de desarrollar con tino, prudencia, certeza e inteligencia esas determinaciones. Creo que eso no es posible”, ha concluido.