11 abril 2025

La Abogacía propone al Gobierno de Asturias la monitorización conjunta de la Ley de Eficiencia de la Justicia

De izqda. a dcha.: el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto; el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y el decano del Colegio de la Abogacía de Gijón, Benigno Villarejo.
De izqda. a dcha.: el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto; el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y el decano del Colegio de la Abogacía de Gijón, Benigno Villarejo.

La Abogacía Española cree que la colaboración entre instituciones es ahora más importante que nunca. Y por eso el presidente del Consejo General, Salvador González, le ha ofrecido esta mañana al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, todas las capacidades de la Abogacía para llevar a cabo una monitorización conjunta del funcionamiento de Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en sus primeros meses de funcionamiento.

Al encuentro, celebrado esta mañana en la Presidencia del Principado de Asturias, también han asistido los decanos de los Colegios de la Abogacía de Oviedo y de Gijón, Antonio González-Busto y Benigno Villarejo, respectivamente. Ambos han coincidido en la necesidad de que el Principado se dote de los medios personales y materiales necesarios hacer posible la implantación de los tribunales de instancia a partir del próximo 4 de julio.

Los participantes en el encuentro han dialogado sobre las circunstancias que están provocando que Asturias se situase durante el año 2023 como la cuarta comunidad autónoma con mayor litigiosidad (en proporción al número de habitantes), solo por detrás de Canarias, Madrid y Murcia. En opinión de todos ellos, la Ley de Eficiencia tiene la misión de frenar esa tendencia y recuperar cifras más próximas a la media nacional, situada en ese ejercicio en 41,2 asuntos por cada mil habitantes.

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