La Abogacía rechaza la obligación de llevar distintivos en los juzgados de violencia de género de Bilbao

El Consejo General de la Abogacía Española, a través de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer, se suma al comunicado de rechazo emitido por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia en relación al protocolo de actuación sobre movilidad y circulación de personas y profesionales que acuden a las dependencias judiciales.

Dicho protocolo impone a investigados, testigos y profesionales de la abogacía la obligación de llevar pegatinas identificativas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Bilbao.

Desde la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española, se muestra el rechazo a dicha medida considerando lo siguiente :

1º.-Obligar a los profesionales de la Abogacía a portar pegatinas identificativas que acrediten su condición profesional resulta a todas luces improcedente, además de atentar contra la dignidad de la profesión, al imponer dicha obligación únicamente a los profesionales de la abogacía y no así a todos los operadores jurídicos. Los profesionales de la Abogacía ya disponen de documento identificativo de su acreditación profesional que deberán exhibir a requerimiento del órgano judicial.

2º.- Imponer la misma medida de identificación a las personas investigadas en procedimientos por violencia de género, con exhibición pública de su condición, compromete claramente la reputación personal de la persona investigada a quien asiste el derecho a la presunción de inocencia recogido en el artículo 24 de la Constitución Española.

La protección de las víctimas – pilar esencial en la lucha contra la violencia de género- en la que la abogacía está plenamente comprometida, debe articularse y garantizarse a través de medios, ya previstos en el ordenamiento jurídico, que no vulneren la dignidad de los profesionales ni los derechos de las personas investigadas.

Por todo ello desde la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española se requiere que se dejen sin efecto las medidas acordadas por parte de los órganos competentes.