21 enero 2022
La Abogacía reclama en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
La Abogacía reclamó este viernes en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para garantizar la sostenibilidad del sistema, ampliando las actuaciones cubiertas y mejorando la retribución de los profesionales que ejercen el turno de oficio.
“La Ley de 1996 era magnífica pero al cabo de 25 años exige una reforma para adaptarse a las necesidades de la sociedad”, afirmó Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, en la inauguración de la jornada “El futuro de la Justicia Gratuita” en el Congreso.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, destacó que el actual sistema “es un buen ejemplo de colaboración y trabajo conjunto que podemos calificar de éxito, no sin reconocer que queda camino por recorrer”.
En este sentido, Batet se refirió a la necesidad de plantear una “progresiva extensión del sistema a nuevos ámbitos, como procedimientos administrativos en materia de extranjería, mediación o acusación penal”.
Y destacó que este sistema “redunda en beneficio de toda la sociedad, porque mediante la solidaridad se evita la fractura social. Se trata de asegurar la cohesión social, en un momento en que estamos saliendo de una crisis social y económica provocada por la crisis sanitaria”.
Tanto Ortega como Batet tuvieron palabras de agradecimiento para los 45.000 abogados que ejercen el turno de oficio -uno de cada tres del total de colegiados-. “Son el orgullo de la abogacía”, aseguró Ortega.
Antonio Morán, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, defendió la “responsabilidad de los Colegios de Abogados y el Consejo de la Abogacía en la ordenación del servicio” y afirmó que es necesario cambiar la ley para garantizar que el sistema sea “equilibrado y sostenible”: “Para mantener el sistema el Estado tiene que garantizar a los ciudadanos que cualquier ciudadano que tenga que ir a juicio porque el Estado así lo ha previsto en sus leyes va a tener una asistencia satisfactoria”.
“Si las leyes procesales establecen la obligatoriedad de la abogacía, ¿qué pasa cuando los abogados tienen que prestar servicios y no hay un reconocimiento posterior de justicia gratuita? Hay que compensar, aunque sea mínimamente, ese esfuerzo profesional que se realiza”, reclamó.
Morán pidió que una futura ley introduzca criterios para garantizar que haya una homogeneidad entre todas las comunidades autónomas, porque actualmente hay diferencias entre unas y otras tanto en los servicios cubiertos por la justicia gratuita como en la retribución de los abogados.
El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, pidió que se amplíen las actuaciones letradas cubiertas por la asistencia jurídica gratuita: “Desde el mismo momento en que un juez requiere la intervención de un abogado al Colegio el abogado tiene derecho a ser compensado, tienen que generarse automáticamente sus honorarios. Ningún abogado ni abogada debe trabajar gratis”.
Y detalló una serie de casos en los que la asistencia letrada es preceptiva y, sin embargo, no están contemplados por la asistencia jurídica gratuita, como la asistencia a personas jurídicas en procedimientos penales, los macrojuicios o las reclamaciones previas vía administrativa.
También reclamó que se pague la intervención del abogado o abogada en los procesos de mediación, de segunda oportunidad o cuando ejerce la acusación particular. “¿Por qué alguien sin recursos no tiene derecho a ejercer la acusación particular?”, preguntó.
Alonso pidió además que se actualicen los criterios para la retribución de los profesionales, que calificó de “vergonzosa” (la media que un abogado de oficio cobra por asunto es de 153,14 euros, según el último Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española).
Y es que, como señaló Morán, “el servicio se presta pero como todo servicio público tiene que ser compensado, porque si no se producen disfunciones que van en detrimento del ciudadano”. Morán se refirió también a la necesidad de revisar los criterios económicos para la concesión de la justicia gratuita (actualmente el referente es el IPREM) y de que el Estado financie la necesaria formación especializada de los letrados.
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