La Abogacía reclama limitar la arbitrariedad en la suspensión de vistas para garantizar la conciliación

Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ha reclamado limitar la arbitrariedad en la suspensión de vistas judiciales como medida clave para garantizar la conciliación en el ámbito jurídico.

Durante la inauguración de la jornada “El equilibrio de género en la elección de altos cargos de la Administración de Justicia”, organizada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, González ha destacado que “para la Abogacía hay dos tareas importantes: asegurar que la ley se cumpla siempre, y trabajar para que, desde la norma, se sigan reduciendo al máximo los márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad en la concesión de las suspensiones”.

Además, ha afirmado que, dando más facilidades a la conciliación desde la ley, se fortalece el derecho de defensa. “Cuando hablamos de conciliación no lo hacemos solo por una cuestión de derechos elementales que asisten a cualquier trabajador, sino también por asegurar plenamente el derecho de defensa de las personas; su derecho a ser defendido por el profesional que ha elegido para ello”.

En su intervención, González celebró los avances legislativos recientes, como las garantías incluidas en el Real Decreto-Ley 5/2023 y la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que aseguran la suspensión de vistas y plazos procesales en casos de maternidad, paternidad, adopción, enfermedad o fallecimiento de un familiar. Sin embargo, advirtió que aún queda trabajo por hacer para garantizar que estas normas se apliquen de manera uniforme.

El presidente también señaló los desequilibrios persistentes en el sector legal y en la Administración de Justicia. Aunque las mujeres representan ya una mayoría en la judicatura, su presencia en los órganos de decisión sigue siendo minoritaria. Solo el 31 % de los puestos directivos en el sector legal están ocupados por mujeres, a pesar de que la profesión cuenta con una representación femenina casi paritaria. A nivel empresarial, el problema es aún más grave: el 75 % de las empresas españolas no cuenta con mujeres en sus órganos de administración.

“El reloj de la verdadera igualdad sigue sin estar en hora”, señaló, refiriéndose tanto a las desigualdades en España como a la brecha global, que según el Foro Económico Mundial tardará 134 años en cerrarse al ritmo actual.

El presidente concluyó su intervención destacando que alcanzar una igualdad real y efectiva requiere esfuerzos sostenidos y compromisos sólidos por parte de todas las instituciones. Además, subrayó que visibilizar los desequilibrios y trabajar para reducirlos es esencial para acelerar los avances hacia una conciliación plena y una verdadera igualdad de género en todos los ámbitos.

La sesión se desarrolló en dos mesas redondas, una sobre “Los retos para superar las desigualdades en los cargos directivos en la Administración de Justicia” y otra sobre “La paridad de género en la Administración de Justicia”.

En la primera mesa se pidió la aplicación del principio de paridad a la hora de nombrar cargos. Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, señaló que las leyes no son suficientes y que es necesario generar conciencia social. Destacó que las mujeres trabajan más horas en todo el mundo porque se han incorporado a espacios diseñados para los hombres, mientras que los hombres no hacen el mismo esfuerzo para asumir roles no tradicionales. Subrayó que “no se trata solo de conciliación, sino de corresponsabilidad”.

Además, se aseguró que existe un sesgo de género a la hora de nombrar altos cargos en la Administración de Justicia. “Las razones externas son la conciliación familiar o los juicios negativos sobre la labor de las mujeres o la resistencia de los hombres a ceder ese poder. Entre las internas, está la existencia de una larga tradición a designar hombres”, afirmó Mar Garcerán, letrada de la Administración de Justicia.

Marga Cerro, vicesecretaria general de la Abogacía Española calificó de “fundamental” la ley de paridad para intentar solventar estos sesgos. Y denunció que la abogacía es una de las profesiones en la que es más difícil conciliar. Por eso, pidió “la ayuda de los LAJs y más leyes para que no tengamos que depender de la discrecionalidad para poder conciliar” y animó a las abogadas a que “den el paso de presentarse a esos altos puestos”.

En la segunda se puso de manifiesto que, en los nombramientos discrecionales dentro de la carrera judicial, es decir, aquellos que no se basan en la antigüedad, predominan los hombres sobre las mujeres. Y se animó a las mujeres a presentarse a estos procedimientos para puestos directivos y a superar el “síndrome del impostor”, es decir, que no duden de sus logros y habilidades para su trayectoria profesional.