La Abogacía reclama una normativa “clara y precisa” para mejorar la prevención del blanqueo de capitales

La Abogacía Española reclama a los legisladores que hagan un esfuerzo por perfeccionar la normativa sobre el blanqueo de capitales para que ésta sea “clara y precisa”, de forma que “garantice el principio de seguridad jurídica y que atienda a los de riesgo, proporcionalidad y eficacia, respetando en todo caso los pilares sobre los que asienta el ejercicio profesional, singularmente, el secreto profesional”.

Así se expone en una de conclusiones que se han alcanzado en las IX Jornadas sobre Prevención del Blanqueo de Capitales organizadas por el propio Consejo General de la Abogacía y por el Colegio de Málaga, en cuya sede se han celebrado las sesiones ayer y hoy.

El documento de conclusiones de las jornadas también “valora positivamente el trabajo desarrollado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y las Relaciones con las Cortes en la creación de registro de titularidades reales”, si bien considera que “se debe de facilitar el acceso a los abogados de manera libre y gratuita y que su consulta debe ser suficiente para la averiguación del control de las personas jurídicas”.

El registro creado por Justicia, en el que participan el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores, tiene por objeto conocer quiénes son los propietarios verdaderos de las sociedades españoles y de la extranjeras que operan en nuestro país.

La Abogacía Española ha vuelto a reclamar al Gobierno la creación con carácter oficial de un “órgano centralizado de prevención en el Consejo General de la Abogacía Española” como fórmula para establecer “un cauce institucional permanente de colaboración con la administración, lo que facilitaría el cumplimiento de las obligaciones y aumentaría la eficacia” en materia de prevención y represión del blanqueo de capitales.

Las jornadas también han sido útiles para visualizar el firma compromiso del mundo colegial en la lucha para combatir el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas, tal y como reflejan las aludidas conclusiones, en las que la Abogacía “reitera su firme compromiso de colaboración en la lucha contra la lacra que supone el blanqueo de capitales”.

En la jornada de hoy, antes de la lectura de conclusiones, intervino el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, quien expuso algunas de las lagunas jurídicas que sigue ofreciendo el delito de blanqueo de capitales y cómo la jurisprudencia del Supremo ha ido completando los vacíos dejados por el legislador.

Sánchez Melgar explicó algunas recientes sentencias en torno a este delito como la que establece que la perfección del delito requiere de cantidades sustanciales, por lo que el gasto de unos cientos de euros procedentes de actividades ilícitas no puede ser considerado dentro de este tipo delictivo.

Asimismo, el magistrado advirtió sobre los riesgos que se derivan de algunas manifestaciones que pretenden convertir el blanqueo de capitales en un delito de sospecha. “¿Podemos acuñar un delito sobre el incremento patrimonial injustificado?”, se preguntó el miembro del Tribunal Supremo en relación con la reciente tipificación de un delito establecido para perseguir la corrupción.