La Abogacía reclama en la Comisión de Coordinación de la Justicia que se imponga la asistencia telemática al detenido en toda España

No son pocas las ciudades donde la asistencia letrada al detenido se está realizando ya por medio de vías telemáticas, pero siguen siendo demasiados los lugares donde esta demanda de la Abogacía aún no se ha materializado. Por eso la presidenta del Consejo General de Abogacía, Victoria Ortega, ha reclamado hoy en la Comisión de Coordinación de la Justicia, que preside el ministro Juan Carlos Campo y que se ha celebrado esta mañana, que la asistencia a detenidos y víctimas a través de medios electrónicos se extienda toda España y se impongan como fórmula usual para contribuir a frenar los contagios por el coronavirus.

Ortega ha llevado a la Comisión una propuesta para unificar el protocolo de asistencia para los abogados del turno de oficio de todo el país. El documento expone la oportunidad de que los agentes policiales se comuniquen con los Colegios cuando haya detenidos o víctimas y que pongan al abogado del turno en comunicación con éstos. Para los primeros, los arrestados, la Abogacía aconseja que los letrados les alienten para no prestar declaración, dejando su testimonio para la comparecencia judicial. También recalca el protocolo del Consejo que la Policía y la Guardia Civil deberán garantizar la privacidad de las comunicaciones entre el abogado y su cliente.

El Ministerio de Justicia potenciará en todos los juzgados el uso de la videoconferencia, como exigió la Abogacía

Solo para los casos en que, por cualquier circunstancia no sea posible la atención telemática, el Consejo explicita la necesidad de guardar las normas de seguridad impuestas por el Ministerio de Sanidad, utilizando siempre salas amplias donde las distancias limiten el contacto. Además, la Abogacía entiende que todos los letrados que realicen asistencias físicas deben ir convenientemente dotados de guantes y mascarillas para prevenir contagios.

Entre las medidas adoptadas, la Comisión de Coordinación de la Justicia ha acordado el protocolo para inscribir en el Registro Civil las defunciones y otorgar las licencias de enterramiento debido al incremento en la mortalidad generado por la epidemia.

La norma establece un formulario para que se puedan solicitar ambas acciones al Registro Civil –abierto los siete días de la semana en horario de mañana y tarde para hacer debido a la incidencia del coronavirus- adjuntando la documentación exigida por la ley por correo electrónico. Una vez recibida, los funcionarios de los registros de todo el Estado también podrán tramitarlas a través de internet. El protocolo permite en determinados casos obtener la licencia de enterramiento antes incluso de inscribir el deceso para garantizar el respeto al fallecido y su familia en estos momentos tan trágicos.

En esta segunda reunión de la Comisión, mantenida esta mañana mediante videoconferencia y a la que ha asistido el ministro Juan Carlos Campo, el ministerio y las Comunidades Autónomas, en consultas con el CGPJ, FGE y el Consejo General de la Abogacía Española, también han acordado diseñar conjuntamente el plan para la vuelta a la actividad normal de la administración de Justicia cuando se levante el estado de alarma y se ponga fin a la suspensión de los plazos administrativos y procesales.

Las administraciones e instituciones representadas en el encuentro virtual se han comprometido además a potenciar en los órganos judiciales de todo el territorio el uso de la videoconferencia, siempre que los trámites concretos a realizar permitan recurrir a esta modalidad de comunicación. Además, han unificado los criterios para compartir entre todas ellas la información sobre la incidencia de la pandemia en el servicio público de la justicia en sus ámbitos de actuación y respectivos territorios.

Una vez más, los asistentes han coincidido en manifestar su reconocimiento y admiración a todos los operadores de la Administración de Justicia –jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, forenses, graduados sociales, abogados, procuradores…- por su sacrificio diario para garantizar la vigencia del Estado de Derecho y la tutela judicial efectiva de los ciudadanos en una situación tan excepcional.