La Abogacía urge que se apruebe una ley procesal en materia de funcionamiento y competencias penitenciarias

La Abogacía urge que se apruebe una ley procesal en materia de funcionamiento y competencias de los juzgados de vigilancia penitenciaria y que las competencias en materia de ejecución de las penas privativas de libertad las asuma el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Esta ha sido una de las principales conclusiones de las XXV Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, que se han celebrado ayer y hoy en Ávila.

Además se ha pedido que se potencie la formación de abogados/as de los Servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria “para detectar los supuestos de existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia, penitenciaria y supuestos de daños por desatención médica, garantizando que las personas privadas de libertad tengan asesoramiento especializado en la materia”.

También se ha aconsejado la utilización de las reglas de Bangkok en nuestra labor profesional y promoción de su conocimiento y aplicación, “instaurando la figura del agente de igualdad para que vele por la implementación de las políticas de igualdad, así como el establecimiento de auditorias de género periódicas”.

Y se señaló la “importancia de la adhesión de los Colegios de la Abogacía al convenio entre el Consejo de la Abogacía e Instituciones Penitenciarias, así como de la regulación y control del uso de las conexiones por videoconferencia que se realicen desde sus dependencias a través de protocolos propios adaptados a cada necesidad”.

Además, el documento final reivindica la importancia del empleo de las herramientas tecnológicas como complemento e incremento del contacto con las personas privadas de libertad “sin sustituir la presencialidad del mismo, así como de implementar políticas que favorezcan la presencia letrada en las cárceles y el acceso de los profesionales a las mismas con medios tecnológicos”.

El texto destaca la importancia de las normas deontológicas en la relación con las personas privadas de libertad y en la prestación de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria, “que exigen una  formación y especialización más cualificada”.

En las Jornadas también se puso de relieve que los Servicios de Orientación y asistencia jurídica penitenciaria deben regirse por normas de acceso, formación, organización y deontología “que encajen en el espíritu de una prestación de calidad especializada, fomentando la coordinación entre todos los servicios y la creación donde aún no estén implantados”.

Y se puso de manifiesto la necesidad de redactar y aprobar un protocolo para regular la prestación de los servicios de forma que se garantice el cumplimiento de las normas deontológicas, de la Ley de protección de datos, así como la calidad del servicio como marco genérico para todos los Colegios de la Abogacía.

“Los Servicios de Orientación y asistencia jurídica penitenciaria son un recurso imprescindible y necesario para garantizar el derecho de defensa y de igualdad de las personas privadas de libertad debiendo integrarse en la Asistencia Jurídica Gratuita, a la que tiene derecho todo ciudadano, que cumpla con los requisitos de concesión, de forma que se puede garantizar su continuidad”, señalan las conclusiones.