La Abogacía ve viable un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales

Carnicer remarca que los abogados“no están para crear litigios, sino para solucionarlos y solucionar problemas de derechos humanos”

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha manifestado el lunes 17 de diciembre en Zaragoza que ve viable que prospere un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales, que ha entrado en vigor el lunes 17 de diciembre.

En respuesta a preguntas de los medios de comunicación, sobre si los recursos de inconstitucional que se han anunciado pueden tener algún resultado, ha asegurado que “lo creo firmemente” y ha añadido que esta semana se reunirá con miembros del grupo del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados “para hacer entrega de los fundamentos jurídicos que nosotros creemos que desvirtúan totalmente esta ley de tasas absolutamente inexplicable”.

Carnicer se ha pronunciado así antes de participar en la celebración del XX aniversario del Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica al Inmigrante del Colegio de Abogados de Zaragoza, en la Casa de las Culturas de la capital aragonesa.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española ha abogado por que “cuanto antes encontremos una vía de diálogo y entendimiento porque esto no beneficia a nadie”, ante un servicio público como el de la administración de Justicia “especialmente sensible a todo esto”.

En esta línea, ha precisado que siguen intentando que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, “intervenga en el conflicto y podamos empezar a dialogar con razón”, de forma que “nos sentemos todos los profesionales afectados, todos los que estamos todos los días con la Justicia, que creo que sabemos bastante como funciona de bien o de mal”.

A su entender, “las diferencias no hacen más que ahondar el pesar de las gentes, que, necesariamente, tienen que acudir al juzgado a defender sus derechos o a que se le reconozcan sus derechos”.

ENTRADA EN VIGOR

Carnicer ha apuntado que con la entrada en vigor este lunes de la ley de tasas judiciales “quien tenga que accionar accionará, si tiene el dinero de las tasas”, mientras que habrá otras personas que no podrán hacerlo por no disponer del dinero. De estos últimos “va a haber muchísimos”, ha vaticinado, “y eso se llama indefensión y violación del derecho fundamental que es el acceso a la justicia”.

Por eso, la nueva ley es “un absoluto fracaso, un fiasco” porque “impide que los ciudadanos ejerzan varios derechos fundamentales”, como el de la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con garantías, que “desaparecen con las tasas”, así como el de igualdad.

DESIGUALDAD ENTRE RICOS Y POBRES

En relación con este último, ha enfatizado que va a haber “desigualdad entre los ricos y los pobres”, entre “aquellos que tengan una situación económica desahogada” –que “van a poder seguir interponiendo” los procesos que deseen, aunque sea “a un más alto coste”– y “los miles y miles de personas” de la clase media que “van a tener una absoluta indefensión por no poder acceder a la justicia”.

Además, habrá “desigualdad” respecto al “trato” a los entes públicos, a quienes “se les ha eximido de pagar las tasas”, una “preeminencia que las leyes y la Constitución no establecen”.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española se ha preguntado y ha planteado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “cuántos ciudadanos van a ir a interponer recursos contra las sanciones económicas, si la sanción es de 200 euros y la tasa que tienen que abonar previamente son 200 euros”.

LOS ABOGADOS “NO ESTAN PARA GANAR DINERO”

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española ha subrayado que los abogados “no están para ganar dinero, ni para crear litigios, sino para solucionarlos y solucionar problemas de derechos humanos” y ha estimado que el Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica al Inmigrante del Colegio de Abogados de Zaragoza es una muestra de esto.

“Aquí los abogados y abogadas se emplean no en poner litigios para atascar la Administración de Justicia sino en defender a seres humanos y resolver problemas humanitarios que si no nadie resuelve”, ha argumentado.

Carnicer ha remarcado que los integrantes de este servicio, que se creó siendo él decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, “son el ejemplo de lo que es la abogacía”, que “no es lo que se está diciendo desde el Gobierno, de que somos muchos, masificados y que somos los causantes del atasco judicial”.

Ha subrayado que los ocho años que estuvo dirigiendo este servicio por ser el decano del Colegio de Zaragoza “lo único que hicieron fue resolver conflictos humanitarios tremendos”. Este servicio nació con 43 abogados y ahora forman parte de él unos 70, que asisten entre 5.000 y 6.000 expedientes al año.

Así lo ha explicado el presidente de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía Española y responsable de los servicios jurídicos de extranjería del Colegio de Abogados de Zaragoza, Pascual Aguelo.

TIPOS DE ASUNTOS

Pascual Aguelo ha apuntado que en los primeros años se atendían asuntos referidos a la libertad de las personas y los derechos fundamentales, para recordar como, por petición de este servicio y otras entidades, “fue clausurado un centro internamiento en las caballerizas de la policía nacional”.

Ha añadido, igualmente, que Cáritas acudió en ese momento al Colegio de Abogados de Zaragoza porque “se dio cuenta que era el instrumento para defender los derechos de las personas inmigrantes”.

Asimismo, se gestionaban regularizaciones, renovaciones, reagrupaciones familiares y documentación, mientras que ahora “se ha diversificado mucho” porque “estamos hablando de integración y de problemas comunes a otras personas”, con asuntos “más complejos” y, relacionados, por ejemplo, con la libertad de circulación y residencia.

Aguelo ha comentado que la nueva ley de tasas judiciales va a afectar a los asuntos civiles y contencioso-administrativos y “encare algo un 30 por ciento el procedimiento”.