La Abogacía y el Poder Judicial estrecharán su colaboración en el seguimiento de la ley de eficiencia en la Justicia

Representantes del Consejo General de la Abogacía Española y miembros de la Comisión de Asuntos Institucionales del Poder Judicial han acordado que la comisión mixta de colaboración entre ambas instituciones, que ya se reúne con periodicidad, lleve a cabo un esfuerzo de coordinación y seguimiento en las próximas semanas para facilitar la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Para ello, se formalizará una observación continua sobre la estadística judicial, de forma que cualquier problema se pueda detectar lo más rápidamente posible.

Ambas partes coincidieron en la oportunidad de este nuevo encuentro ante la inquietud generada en el sector por la entrada en vigor, la semana que viene, de los aspectos procesales de la ley.

Tras un exitoso primer ciclo de formación sobre la ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia impartido de forma conjunta por la Abogacía y el Poder Judicial, en el que han participado más de 13.000 abogados, las dos instituciones trabajan ya en la realización de un segundo ciclo. En este caso, las sesiones se realizarán ya con la primera fase de la ley en funcionamiento, pues entra en vigor en sus aspectos procesales el 3 de abril.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, anunció el pasado día 18 la constitución de un grupo de trabajo para la preparación del despliegue de los tribunales de instancia como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025. El cometido de este grupo de trabajo es de anticipar, planificar y coordinar la respuesta que el CGPJ debe o puede ofrecer, siempre dentro del marco de sus competencias y contando con la participación y auxilio de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

Por su parte, la Abogacía está ultimando la publicación de una guía específica sobre el funcionamiento de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) que se compartirá con el Poder Judicial. En opinión de la abogacía, la existencia de un documento consensuado de este tipo contribuirá notablemente a reducir la inquietud que existe en el sector de la Justicia ante la inminencia de la entrada en vigor de la primera fase de la ley.