La Agencia Europea FRA recomienda a España que abra la Ley Integral a toda violencia contra la mujer

La Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) recomienda a España que abra la Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, que cumple ahora diez años, a todas las formas de violencia sobre la mujer, como el acoso sexual o la violación, y que centralice la lucha en un sólo departamento para tener una visión global del fenómeno y mejorar sus resultados.

Así lo ha explicado en una entrevista con Europa Press Joana Goodey, jefa de Libertades y Justicia de la FRA y responsable del primer macro estudio sobre violencia de género que se ha realizado en la Unión Europea, una recopilación estadística impulsada por la Presidencia Española que ha cifrado en 62 millones el número de ciudadanas que alguna vez han sufrido violencia física o sexual. El objetivo es repetir este análisis cada cinco años para ver la evolución.

Según afirma, “España ha estado a la cabeza de la lucha contra la violencia de género y es de aplaudir su labor en el reconocimiento de esta violencia en el ámbito de la pareja”, porque ha logrado “tremendos avances” en los últimos diez años, pero “la cuestión ahora es si el Estado es capaz de reconocer” que la violencia contra las mujeres tiene otras muchas caras.

“Lo que ha dejado claro nuestra investigación es que la violencia de género es más que violencia en el ámbito doméstico: la violencia sobre las mujeres es también el abuso en la infancia, es también acoso sexual en el trabajo, es también percibir violencia de extraños, como cuando vas andando por la calle y recibes una atención no deseada, que puede ser muy intimidante”, explica.

Según el estudio de la FRA, el 30% de las españolas ha sufrido violencia psicológica, sexual o física antes de cumplir 15 años, una cifra por debajo de la media europea pero “demasiado alta en cualquier caso”. Además, el 50 por ciento ha sufrido acoso sexual alguna vez en su vida, y el mismo porcentaje declara que en el año anterior a la encuesta, evitó algún lugar o situación por miedo a ser física o sexualmente atacada.

“España ha hecho un gran trabajo en la lucha contra la violencia sobre las mujeres ejercida por sus parejas, pero ahora la cuestión es: ¿Existe el compromiso político de abarcar otras formas de violencia sobre las mujeres?”, plantea Goodey, consciente de que la legislación española en la materia cumple ahora diez años. “Llegados a este punto, bueno, hay que reconocer que la violencia contra las mujeres es mucho más amplia”, añade.

CADA VIOLENCIA, EN UN MINISTERIO

Asimismo, señala “una segunda pregunta para España” y es “si tiene una respuesta coordinada a la violencia contra las mujeres”. “Si cada tipo de violencia, como por ejemplo la violencia en el ámbito doméstico o el acoso sexual en el trabajo, lo lleva un ministerio distinto, no obtienes la visión holística que el problema requiere”, ha asegurado.

Goodey explica que no es sólo algo que recomiende la FRA, sino que España debe acometer ciertas mejoras para garantizar el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) al que como Estado miembro de la UE se adhirió el pasado mes de marzo y que impone dar “una respuesta de muy amplio espectro”.

“Hay mucho trabajo que tiene que hacerse, es complicado implementarlo, pero lo importante no es ratificar la Convención sino ponerla en práctica y eso significa empoderar a las mujeres para que denuncien las agresiones tanto de sus parejas como de extraños y esa es la prueba real que afronta España, monitorizar si las denuncias están o no aumentando, si la confianza en la justicia y en la policía suben o no, y si las mujeres están acudiendo a las instituciones o a otras organizaciones”, explica.

Además, incide en que España debe trasponer la Directiva de Víctimas de Delitos de la Unión Europea, “que tiene una referencia específica a las víctimas de violencia sobre las mujeres por especialmente vulnerables” y que “obliga a los Estados a dar una respuesta adecuada a la violencia de género”.

“Quizá en España haya ahora menos fondos o menos apoyo, pero con la directiva la respuesta es muy clara: cada víctima debe ser asesorada individualmente y tiene que recibir los servicios de apoyo adecuados y esto es tanto en caso de violencia de género en el ámbito doméstico como ante una agresión sexual: el Estado tiene que proporcionarle la asistencia adecuada”, ha sentenciado.

“UN GOBIERNO SERIO SE DEJA MUCHO DINERO”

Para Goodey hay “una tercera cuestión” en torno a las particularidades de España y es “cómo consigue empoderar a las mujeres para que denuncien o cómo va a hacerlo para que terceros denuncien también, como un vecino, un miembro de la familia o una ONG”, analizar “cómo se les empodera para que denuncien cuando el peso está sólo en las mujeres”.

La responsable de la FRA defiende que “se puede hacer más trabajo en cauces hasta ahora no tradicionales”, como apostar por la formación especializada para todo el personal sanitario, desde el médico hasta el ATS, pero también a los empleadores, para poder detectar más casos y promover la denuncia porque “es como con el abuso sexual infantil, si no entrenas al profesional, no podrá detectarlo”.

“Combatir la violencia de género no es sólo entrenar a los policías, es que tienes que preparar a todos los agentes que intervienen y eso cuesta dinero. Si no inviertes dinero y recursos, los costes para la sociedad serán altísimos. Un gobierno serio con este asunto se deja dinero, porque la violencia sobre las mujeres impacta en la infancia, en el mercado laboral, en todos los ámbitos de la sociedad”, ha sentenciado.