La AN admite el recurso del ICAV contra la Ley de Tasas por posible vulneración constitucional

La Audiencia Nacional (AN) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) contra la Ley de Tasas por posible vulneración constitucional, según ha informado el colegio en un comunicado.

El ICAV interpuso su recurso el 12 de febrero de 2013, y la Audiencia lo ha admitido y acuerda suspender el procedimiento en el estado en que se encuentra hasta que por el Tribunal Constitucional (TC) dicte resolución al respecto, han señalado las mismas fuentes.

La solicitud de cuestión de inconstitucionalidad elevada por la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se fundamenta, entre otras resoluciones, en la Sentencia 20/2012 del TC que cuestiona la legalidad de aquellas tasas que son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables.

Según ha afirmado el decano del ICAV, Mariano Durán, es una “satisfacción” que la AN haya admitido a trámite la posible vulneración constitucional”.

A su entender, las tasas judiciales “suponen una barrera infranqueable para ejercer el derecho de defensa de millones de ciudadanos y un grave atentado para la Justicia”, al tiempo que ha señalado que “el efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por jueces, magistrados, abogados y secretarios judiciales”.

La última concentración de protesta contra las tasas judiciales organizada por el ICAV tuvo lugar el pasado 20 de noviembre a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, con el objeto de pedir la derogación inmediata de la norma impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En esta fecha la norma cumplía su primer año de vigencia y según la abogacía valenciana, ha supuesto un serio obstáculo para el acceso a la Justicia de los ciudadanos.

El cambio más sustancial de la Ley de Tasas con respecto a sus precedentes radica en la incorporación al ámbito subjetivo de este tributo de los ciudadanos, que hasta ahora estaban exentos y sólo se aplicaba a entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación.

En este sentido, Durán considera que este sistema de tasas “no ha resultado eficaz”: el número de asuntos ha disminuido un 30 por ciento desde su entrada en vigor y en un 35 por ciento en primera instancia: “es un error del Gobierno generar unas tasas disuasorias, ya que la limitación del acceso a la justicia supone una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”. Asímismo, el decano ha explicado que el destino de los fondos recaudados por las tasas no han sido transferidos hacia la mejora de la asistencia jurídica gratuita y no figura siquiera en el presupuesto de 2014 del Ministerio.