La asistencia jurídica a migrantes y su protección como personas especialmente vulnerables, esencial en un estado de Derecho

La dramática situación que se vive estos días en Canarias ha sido el hilo conductor de la jornada online celebrada este martes, dentro del plan de formación de la Abogacía Española, en la que se han analizado diversos aspectos de la asistencia jurídica ante las llegadas masivas de migrantes. La jornada se ha celebrado en formato online, a través de Teams, y a ella han asistido cerca de 1.000 personas.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha inaugurado la jornada y ha señalado que la situación actual en Canarias muestra un “claro problema de descoordinación” para aplicar las normas legales que requieren un correcto trato de las personas. “Desde la Abogacía defendemos la visión de seguridad, pero junto a ella también la acogida humanitaria, por entender que son plenamente compatibles y tienen su punto de unión en el Derecho”, ha añadido. “Nuestra labor es defender a las personas de conformidad con los preceptos legales” y para ello se ha concebido esta jornada.

Posteriormente, el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía y decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, ha realizado un breve introducción antes de las ponencias, y ha asegurado que para el Consejo General de la Abogacía, el objetivo principal es “la defensa de los derechos fundamentales y el derecho a la defensa”, y en este caso, “la asistencia jurídica cobra especial relevancia en las personas especialmente vulnerables como los migrantes”. “Desde la Subcomisión, se facilitan instrumentos a los Colegios para la prestación de esa asistencia gratuita, se colabora con organizaciones, se facilitan cursos de formación y se ha creado un servicio de calidad y apoyo para los turnos de oficio en materia de protección internacional”, ha añadido, al tiempo que ha recordado que el Consejo y la Subcomisión ha ofrecido siempre su asistencia y apoyo ante la situación de Canarias, ha denunciado violaciones de derechos fundamentales y derechos humanos.

LA ENTREVISTA PREVIA, CLAVE PARA LA ASISTENCIA A MIGRANTES

La primera ponencia ha tratado sobre los protocolos de asistencia letrada ante las entradas masivas elaborados por la Subcomisión, un asunto que ha abordado Noemí Alarcón Velasco, vocal de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española. Durante su intervención ha explicado que este tipo de asistencia jurídica “es muy importante no solo por el hecho de ser una situación en la que las personas están retenidas con fines de identificación y determinación jurídica de su estatus, sino porque además permite realizar un trabajo de detección y asistencia jurídica temprana de vulnerabilidades o personas beneficiarias de protección internacional o sujetas a otras violaciones de derechos humanos”, así como que “esas personas conozcan sus derechos y procedimientos que se pueden aplicar”. Por ello, ha incidido en que “es muy importante que desde el inicio de la asistencia letrada haya un respaldo colegial que permita intervenir en caso de incidencia”, ya que “estas guardias son muy especiales”. Por ello, se recomienda que haya un letrado por cada 7 personas para una asistencia de calidad. Igualmente importante es que los abogados que hagan este tipo de asistencia “estén formadas en esta materia, porque no es una guardia al uso”, ya que también tiene una perspectiva humanitaria.

Alarcón ha destacado que la entrevista previa con los migrantes, que debe ser individualizada, en un espacio adecuado, con asistencia de intérprete si es necesario y en la que se le debe facilitar al cliente los datos del abogado –para contactar posteriormente a la hora de recabar datos necesarios para ciertas situaciones-, es “clave para detectar personas vulnerables”, para lo que hay que adaptar la comunicación con ellos a su edad, sexo y diversidad cultural. Asimismo Alarcón ha llamado la atención sobre dos extremos importantes sobre los que los abogados deben estar vigilantes: que el extranjero sea menor de edad, ya que las pruebas de determinación en numerosas ocasiones no son adecuadas, o que haya indicios de que esa persona haya podido ser víctima de trata.

Finalmente, Noemí Alarcón ha recomendado que “si se nos llama para realizar una asistencia y no se tiene la posibilidad de ver a los defendidos, sino que solo es para firmar la resolución de devolución, no deberíamos acceder a ello”. En todo caso, “si se firma para poder recurrir la devolución”, se deberían recoger todas las salvedades “por  haberse vulnerado los procedimientos”, y se debe “poner en conocimiento del Colegio”, así como presentar una queja al defensor del pueblo e informar a ACNUR. “No se puede permitir que el derecho a asistencia jurídica sea vulnerado”, ha asegurado.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y ASILO: LA IMPORTANCIA DE DETECTAR LOS CASOS

Posteriormente, se ha analizado el rol de la asistencia letrada en la identificación temprana de necesidades de protección internacional entre las personas llegadas por mar y en el acceso al procedimiento de asilo, un tema del que se ha ocupado María Vallés Ferrero, senior protection associate de ACNUR España, moderada por José Emilio Cutillas-Schamann, director de la Escuela de Práctica Jurídica de Las Palmas y del Aula de Formación, que ha recordado que ACNUR mantiene “una presencia permanente en puntos de entrada en Ceuta y Melilla, en las costas andaluzas y a finales de 2020 estará también presente en Canarias”.

Vallés señaló que “todas las personas que llegan a un país tienen derecho a pedir asilo”, independientemente de que luego se le conceda o no, ya que la Convención de Ginebra, de la que España es parte desde 1978, establece, entre otras cosas, el principio de no devolución y que no se pueda sancionar a una persona por entrar ilegalmente en un país si lo hace para pedir protección.

En estos momento, según ha señalado Vallés, “a Canarias está llegando gente que son refugiados y no lo saben y por ello hay que averiguarlo. No conocen el concepto de asilo y por eso ellos no lo van a pedir”. Es el caso sobre todo de ciudadanos de Malí que, debido a la situación del país, podrían obtener asilo o protección internacional.

“La obligación más importante de los estados en relación a las personas extranjeras que llegan a sus fronteras es no devolverles a un país donde estén en riesgo de ser perseguidos o enfrentarse a trato o castigo inhumano o degradante, incluyendo tortura, incluso si están en situación irregular”, ha recordado Vallés. Esta obligación implica “a todos los órganos del estado”, e incluye “las devoluciones indirectas a terceros países donde hay riesgo de devolución al país de origen”.

En cuanto a la identificación de casos de posibles solicitantes de asilo, “es importante lo que diga la persona, pero también lo que se observa, el lenguaje no verbal, la edad, la información sobre el país de origen…”. Y entre los grupos que “más posibilidades tienen de estar en situación de necesitar protección internacional están personas procedentes de países en conflicto, activistas políticos, víctimas de persecución por motivos étnicos o religiosos, mujeres víctimas de trata, colectivo LGTBI, personas con necesidades médicas o menores no acompañados”.

LA REALIDAD MIGRATORIA EN CANARIAS

La última mesa de la Jornada, moderada por Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía, ha permitido que los representantes de los Colegios de la Abogacía de Canarias hicieran un repaso de la situación actual de los migrantes en el archipiélago.

“Se han vulnerado los derechos a la asistencia letrada y de intérprete en la atención a los migrantes” llegados al archipiélago, ha asegurado Cristina Esperanza Santiago de la Nuez, abogada del Colegio de Las Palmas, durante su intervención en la mesa redonda “La realidad migratoria en Canarias”. La letrada ha asegurado que se ha notificado el acuerdo de expulsión sin contar con la asistencia letrada. Cristina ha reconocido que algunos abogados han recibido después de cinco días la llamada de comisaría para recoger el acuerdo de expulsión del migrante, tras las 72 horas de pasar a disposición judicial o poner en libertad.

Por su parte, la representante de la Subcomisión de Extranjería y DDHH del Colegio de Abogados de Tenerife, Vanessa Hernández Delgado, ha asegurado que “sin intérprete no hay asistencia posible” indicado que desde el 1 de octubre se está aplicando la instrucción de un letrado para asistir a cada seis migrantes, pero la realidad es asistir hasta 25 personas. Actualmente, las guardias cuentan con 20 letrados para atender a pateras muy grandes de 140 migrantes. De los ocho CIEs que existen en España, tres están en Canarias para atender en lo que va de 2020 a 18.348 personas.

Dulce M. García Cabeza, letrada del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, ha coincidido con el resto de los ponentes en que “el abogado no puede hacer su trabajo”. Los protocolos que se están actualizando han quedado obsoletos -por la falta de aplicación por la Administración Pública- para hacer frente a la realidad migrante. A esta isla sólo ha llegado una patera con 24 senegaleses que fueron atendidos en puerto.

“No es casual la llegada de tanto migrante” ha asegurado Miriam Rosa Villa Gómez Michel, abogada del Colegio de Lanzarote, isla a donde han llegado 34 pateras con 800 migrantes. En Lanzarote no hay medios ni CIEs y “todo es improvisado” para atender una migración descontrolada. En Marruecos existen mafias migratorias y el país magrebí está pidiendo a la UE 70 millones de euros para atender a los refugiados.

Ha cerrado la Jornada Blas Jesús Imbroda, quien ha destacado “sois ejemplos y una referencia para toda la abogacía por la labor y defensa de los derechos humanos de los migrantes” atendidos por los letrados y letradas de Canarias.