La Audiencia Nacional admite la ampliación de querella por genocidio contra el pueblo saharaui

Hoy miércoles, 12 de febrero, están citados a declarar en el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 nuevos testigos por la querella del genocidio del pueblo saharaui. Estas nuevas declaraciones se producen tras la admisión, por parte del juez Pablo Ruz, de la ampliación de la querella solicitada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y varias organizaciones de derechos humanos, centrada en el descubrimiento de una fosa común en la que fueron hallados ocho cadáveres, varios de ellos con documentación española de 1975, que corresponden a personas ejecutadas el 12 de febrero de 1976, presuntamente por las fuerzas de ocupación marroquíes.

El juez Ruz, además de a los testigos directos de los hechos, tomará declaración al profesor y médico especialista en Medicina Legal y Forense  Francisco Etxeberria Gabilondo, y al doctor en psicología Carlos Martín Beristain, autores del estudio y análisis de los restos exhumados de las fosas localizadas en el Sáhara Occidental.

El descubrimiento y estudio de estas fosas, así como la identificación de las víctimas, se unen a la pormenorizada y detallada denuncia de secuestros, encarcelamientos y desapariciones forzosas de cientos de saharauis por las fuerzas invasoras marroquíes, durante los años 1975 a 1980, muchos de ellos con nacionalidad española, y que se detallan en la querella.

La querella interpuesta en el año 2006, en ejercicio de la justicia universal, denuncia los hechos acontecidos a partir del año 1975, cuando tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, España se marchó de su provincia número 53, ocasionando la violenta invasión del Sáhara Occidental por parte del reino de Marruecos. La invasión se efectuó mediante una cruenta guerra y masacre contra el pueblo saharaui que duró 16 años. Desde entonces, el pueblo saharaui está sometido a la dominación de una potencia extranjera que le impide el ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido por la Resolución 1514, de 8 de diciembre de 1960, de la Asamblea General de NNUU, lo que implica “una denegación de los derechos humanos fundamentales”.