La ‘Caravana filipina’ denuncia los ataques a juristas y la impunidad en el país asiático

La Delegación Internacional Independiente, un grupo de 10 organizaciones de profesionales de la Abogacía y Derechos Humanos , ha denunciado, tras una misión de observación en Filipinas,  los ataques impunes contra abogados, fiscales y jueces, el ‘etiquetado rojo’ de los profesionales y la represión contra la sociedad civil.

Con el objetivo de fortalecer la protección de los profesionales de la abogacía filipina en el ejercicio de su trabajo y mejorar el acceso a la justicia, los 12 miembros de la denominada ‘Caravana Filipina’ visitaron diversas zonas del país donde recogieron testimonios de jueces y abogados que han sufrido violaciones de sus derechos desde 2016 con ataques que van desde el hostigamiento y la intimidación, las amenazas y el etiquetado rojo, hasta agresiones físicas y asesinatos.

Para llevar a cabo la promoción de la independencia, seguridad y protección de la profesión legal, la delegación también ha documentado los relatos de familiares de las víctimas y sus representantes legales, y se ha reunido con diversas organizaciones e instituciones filipinas que buscan la independencia y la seguridad de los profesionales legales del país.

La ‘Caravana filipina’ pone el centro de sus denuncias la alarmante ola de ataques sufridos por los abogados, jueces y fiscales en uno de los más peligrosos del mundo para el ejercicio de la profesión. Desde 2007, la Unión Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL) ha documentado 90 asesinatos, entre ellos el de la fiscal Eleanor “Ning” P. de la Peña, que fue asesinada cuando volvía a casa del trabajo y a la que la delegación rindió homenaje por su compromiso con la justicia.

Sobre la cultura de la impunidad y miedo que predomina en Filipinas, la caravana señala que, en todos los casos revisados, el delincuente no ha sido identificado, aprehendido ni procesado, poniendo de relieve que muchos casos no se resuelven porque no cuentan con investigaciones exhaustivas y efectivas. Situaciones disuasorias que hacen que no se presenten denuncias y que desalientan en el ejercicio de la abogacía penal y de derechos humanos.

En cuanto al “etiquetado rojo”, la caravana encuentra estas campañas de desprestigio como un factor clave en los ataques a profesionales del derecho en las redes sociales y espacios públicos donde son catalogados como “rebeldes comunistas” o “terroristas” únicamente por cumplir con su trabajo.

La delegación también ha destacado la preocupante criminalización de las ONG y activistas comunitarios con acusaciones de terrorismo y otros delitos no excarcelables.