La Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del ICAB reclama la protección de los pájaros cantores

La Comisión de Protección de los Derechos de los Animales (CPDA) del Colegio de la Abogacía de Barcelona felicita al Departamento de Territorio y Sostenibilidad por la decisión de no autorizar este año la captura en vivo y pertenencia de aves fringílidas para la cría en cautividad, dirigida a la actividad tradicional de concursos de canto. Esta medida afecta al pinzón vulgar (Fringilla coelebs), jilguero (Carlos duelo carduelis), verderón (Carduelis chloris) y pardillo (Carduelis cannabina).

Con esta decisión, el Departamento pretende evitar un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea.

La CPDA, a pesar de reconocer el paso adelante que ha dado el Departamento de Territorio y Sostenibilidad en tomar esta decisión, considera que se deberían añadir las 4 especies de fringílidos al régimen de protección establecido antes del año 2011 y paralelamente dejar sin efecto el Decreto 139/2014, de 14 de octubre, por el que se establece el régimen temporal para el período 2014-2018 de las autorizaciones excepcionales para la captura en vivo y tenencia de aves fringílidas para la cría en cautividad dirigida a la actividad tradicional de concursos de canto.

 Antecedentes

Mediante Decreto Ley 2/2011, de 15 de noviembre, se modificó el texto refundido de la Ley de protección de los animales aprobado por el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, para dar nueva redacción al artículo 34 y suprimir del anexo del Decreto Legislativo 2/2008,  a las “especies protegidas de la fauna salvaje autóctona” relativo a las siguientes especies: pinzón vulgar (Fringilla coelebs), jilguero (Carlos duelo carduelis), verderón (Carduelis chloris) y pardillo (Carduelis cannabina). La finalidad era permitir su captura en vivo, la cría en cautividad, la posesión y la exhibición pública de ejemplares, con el fin de destinarlos a concursos de canto.

La Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del ICAB consideró que el Gobierno desatendía su obligación legal de velar por la conservación y el uso racional del patrimonio natural y la biodiversidad, y la protección de los animales, vulnerando la legislación europea, estatal y catalana. En esta dirección, la CPDA presentó  alegaciones en contra del mencionado Decreto Ley, y continuó conjuntamente con otras entidades conservacionistas y animalistas con una fuerte actividad de presión que ha desembocado en esta decisión que ha puesto al lobby cazador catalán y de otros lugares de España en alerta.