La Comisión Europea abre infracciones contra Chipre y Malta por “vender” la ciudadanía de la UE

La Comisión Europea ha iniciado procedimientos de infracción contra Chipre y Malta, mediante la emisión de cartas de notificación formal sobre sus planes de ciudadanía para inversores, también conocidos como planes de “pasaporte dorado”.

La Comisión Europea considera que la concesión por estos Estados miembros de su nacionalidad – y por tanto de la ciudadanía de la UE – a cambio de un pago o una inversión predeterminados y sin un vínculo real con los Estados miembros afectados, no es compatible con el principio de cooperación sincera consagrado en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. Esto también socava la integridad del estatuto de ciudadanía de la UE previsto en el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Debido a la naturaleza de la ciudadanía de la UE, estos regímenes tienen implicaciones para la Unión en su conjunto. Cuando un Estado miembro otorga la nacionalidad, la persona en cuestión se convierte automáticamente en ciudadano de la UE y disfruta de todos los derechos vinculados a este estatus , como el derecho a circular, residir y trabajar libremente dentro de la UE, o el derecho a votar en las elecciones municipales, así como elecciones al Parlamento Europeo. En consecuencia, los efectos de los sistemas de ciudadanía para inversores no se limitan a los Estados miembros que los gestionan ni son neutrales con respecto a otros Estados miembros y la UE en su conjunto.

La Comisión considera que la concesión de la ciudadanía de la UE para pagos o inversiones predeterminados sin ningún vínculo genuino con los Estados miembros afectados socava la esencia de la ciudadanía de la UE.

Los gobiernos chipriota y maltés tienen dos meses para responder a las cartas de notificación formal. Si las respuestas no son satisfactorias, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado al respecto.

Los planes de ciudadanía para inversores permiten que una persona adquiera una nueva nacionalidad basándose únicamente en el pago o la inversión. Estos esquemas son diferentes a los esquemas de residencia de inversionistas (o “visas de oro”), que permiten a los nacionales de terceros países, bajo ciertas condiciones, obtener un permiso de residencia para vivir en un país de la UE.

Las condiciones para obtener y perder la ciudadanía nacional están reguladas por la legislación nacional de cada Estado miembro, con el debido respeto por la legislación de la UE. Dado que la nacionalidad de un Estado miembro es la única condición previa para la ciudadanía de la UE y el acceso a los derechos conferidos por los Tratados, la Comisión ha estado siguiendo de cerca los planes de inversión que otorgan la nacionalidad de los Estados miembros.

La Comisión Europea ha expresado con frecuencia sus serias preocupaciones sobre los planes de ciudadanía para inversores y ciertos riesgos inherentes a dichos planes. Como se menciona en el informe de la Comisión de enero de 2019 , esos riesgos se relacionan en particular con la seguridad, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la corrupción, y la Comisión ha estado supervisando cuestiones más amplias de cumplimiento de la legislación de la UE planteadas por los sistemas de ciudadanía y residencia de inversores. En abril de 2020, la Comisión escribió a los Estados miembros afectados exponiendo sus preocupaciones y solicitando más información sobre los regímenes.

En una resolución adoptada el 10 de julio de 2020, el Parlamento Europeo reiteró sus llamamientos anteriores a los Estados miembros para que eliminen gradualmente todos los esquemas existentes de ciudadanía por inversión (CBI) o residencia por inversión (RBI) lo antes posible. Como afirmó el presidente von der Leyen en el discurso sobre el estado de la Unión del 16 de septiembre de 2020 , los valores europeos no están a la venta.

La Comisión Europea también ha vuelto a escribir a Bulgaria para poner de relieve sus preocupaciones con respecto a un régimen de ciudadanía para inversores gestionado por ese Estado miembro y solicitar más detalles. El gobierno búlgaro tiene un mes para responder a la carta solicitando más información, tras lo cual la Comisión decidirá sobre los próximos pasos.

Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1925