La Comisión Europea envía a España dictámenes motivados por incumplimientos relativos a los servicios financieros

La Comisión ha enviado un dictamen motivado a España, entre otros Estados miembros,  por incumplir su obligación de transponer las normas de la UE sobre fondos de pensiones de empleo (FPE) [Directiva (UE) 2016/2341, FPE II]. La Directiva establece un marco normativo completo en relación con las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo. Los Estados miembros estaban obligados a transponer dichas normas al ordenamiento jurídico nacional el 13 de enero de 2019, a más tardar. Sin embargo España aún no ha comunicado a la Comisión las medidas nacionales necesarias. Si las medidas para incorporar la presente Directiva no se notifican en el plazo de dos meses a partir de la fecha del dictamen motivado, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a los Estados miembros en cuestión ante el TJUE.

Además, la Comisión Europea ha decidido enviar otro dictamen motivado a España por incumplir su obligación de aplicar todas las disposiciones de la Directiva sobre la distribución de seguros. En concreto, la Comisión pide a España que establezca disposiciones para aplicar tanto los nuevos requisitos sobre la información que debe facilitarse a los consumidores antes de firmar los contratos de seguro, como las nuevas normas de protección de los consumidores sobre venta de productos de inversión con componentes de seguro. En su conjunto, el objetivo de la Directiva sobre la distribución de seguros es mejorar la forma de vender productos de seguro en la UE.

Por último, la Comisión Europea también ha decidido enviar a España otro dictamen motivado  por incumplir su obligación de aplicar todas las disposiciones de la segunda Directiva sobre servicios de pago [Directiva (UE) 2015/2366]. La Comisión Europea envió una carta de emplazamiento a España en marzo de 2018. Hasta la fecha, España no ha transpuesto plenamente esta Directiva a su ordenamiento jurídico, aunque los Estados miembros acordaron hacerlo a más tardar el 13 de enero de 2018. Por ello, la Comisión envía un dictamen motivado a España, en el que le pide que armonice su legislación con el Derecho de la UE. España tiene dos meses para actuar; de no hacerlo, la Comisión puede llevarla ante el TJUE.

Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_19_5950