La Comisión Europea insta a España a adoptar mapas de ruido y planes de acción sobre el ruido ambiental y a cumplir la normativa de la UE sobre prevención de inundaciones

La Comisión Europea pide a las autoridades de España  que cumplan las disposiciones principales del Derecho de la UE sobre el ruido (Directiva 2002/49/CE).  La Directiva sobre el ruido exige a los Estados miembros que adopten mapas de ruido que muestren la exposición al ruido dentro de las grandes zonas urbanas, como, por ejemplo, en los principales ejes ferroviarios y viarios y en los grandes aeropuertos. Estos mapas sirven de base para definir medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica. Tras recibir un primer aviso en septiembre de 2016, España todavía tiene que presentar los mapas estratégicos de ruido y los planes de acción relativos a muchas de las aglomeraciones, grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios de su territorio.  Además, tampoco ha revisado ni modificado los planes de acción existentes para los grandes aeropuertos. Portugal tampoco ha hecho ningún progreso desde que la Comisión le enviara un primer aviso en mayo de 2017. Tanto España como Portugal disponen de dos meses para responder y, en caso de no hacerlo, la Comisión podría decidir llevar el asunto ante el TJUE.

Además la Comisión Europea pide a España que cumpla los requisitos de la Directiva sobre inundaciones (Directiva 2007/60/CE). La Directiva tiene por objeto reducir y gestionar los riesgos para la salud, las actividades económicas y el medio ambiente asociados a las inundaciones. Según el Derecho de la UE, los Estados miembros debían finalizar y publicar planes de gestión del riesgo de inundación y notificarlos a la Comisión el 22 de marzo de 2016, a más tardar. En marzo de 2018, la Comisión envió una carta de emplazamiento a las autoridades españolas debido a que no habían finalizado, publicado ni notificado sus planes de gestión del riesgo de inundación correspondientes a las siete demarcaciones hidrográficas de las Islas Canarias. Como siguen sin notificar estos planes, la Comisión les envía un dictamen motivado. España tiene dos meses para responder; de no hacerlo, la Comisión podría llevarla ante el TJUE.

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4486_es.htm