12 diciembre 2017
La Comisión Europea lleva a cuatro Estados miembros ante el TJUE por normas de contratación pública
La Comisión Europea ha decidido llevar a Austria, Eslovenia, España y Luxemburgo ante el TJUE por no haber notificado la plena transposición en sus respectivas legislaciones nacionales de las normas de la UE en materia de contratación pública y concesiones (Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE).
El plazo de notificación de la transposición de las nuevas normas de contratación pública por todos los Estados miembros expiró el 18 de abril de 2016. La Comisión envió cartas de emplazamiento a veintiún Estados miembros que en mayo de 2016 aún no habían transpuesto estas normas, tras lo cual, en diciembre de 2016, se dirigieron dictámenes motivados a quince de esos Estados miembros.
Los cuatro Estados miembros mencionados anteriormente aún no han notificado la transposición de la legislación siguiente:
– Austria y Luxemburgo: Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE;
– España: Directivas 2014/23/UE y 2014/25/UE;
– Eslovenia: Directiva 2014/23/UE.
La Comisión acudirá al TJUE para que este imponga, en función de qué Directiva se trate, una multa diaria, por cada día que transcurra entre la fecha de la sentencia y la fecha en que dichas Directivas hayan sido aprobadas en su totalidad y estén plenamente vigentes en el Derecho nacional correspondiente.
En caso de que la transposición siga siendo incompleta y el TJUE confirme la opinión de la Comisión, deberá pagarse la multa diaria desde la fecha de la sentencia o desde una fecha posterior fijada por el Tribunal hasta que la transposición sea completa. Si bien el importe definitivo de la multa diaria lo decidirá el Tribunal de Justicia, dicho importe no puede exceder de la propuesta de la Comisión.
Las tres Directivas sobre contratación pública y concesiones (Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE), que fueron adoptadas en 2014, han cambiado profundamente la forma en que los Estados miembros y las autoridades públicas gastan gran parte de los dos billones de euros que se utilizan cada año en la contratación pública europea. Las normas de contratación pública de 2014 hacen que la contratación pública en Europa sea más eficiente y transparente. Fomentan el uso de procedimientos electrónicos, hacen que para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) sea más fácil y barato presentar ofertas para la adjudicación de contratos públicos, y ayudan a las administraciones a lograr objetivos medioambientales, sociales o innovadores a la hora de adquirir bienes y servicios.
En octubre de 2017, la Comisión presentó un paquete de medidas para ayudar a las autoridades públicas a sacar el máximo partido de las posibilidades de las nuevas normas. En la práctica, en virtud del artículo 260, apartado 3, del TFUE, si un Estado miembro no transpone una Directiva de la UE en el Derecho nacional en el plazo exigido, la Comisión podrá acudir al Tribunal de Justicia de la UE para que este imponga sanciones financieras. Las sanciones deberán tener en cuenta:
– la gravedad,
– la duración de la infracción,
– el efecto disuasorio en función de la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate.
Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4771_es.htm