La Comisión Europea publica el Cuadro de Indicadores de Justicia 2023

España muestra mejoras en la eficiencia y calidad de su sistema judicial, pero persisten desafíos sobre su independencia

La Comisión Europea ha publicado la undécima edición del Cuadro de Indicadores de Justicia en la UE, revelando datos comparativos sobre la eficiencia, calidad e independencia delos sistemas judiciales de los Estados miembros. Los resultados muestran avances significativos en el sistema judicial español, aunque aún persisten desafíos en términos de independencia.

En esta edición cabe destacar la introducción de nuevos indicadores sobre la eficiencia de los tribunales penales de primera instancia en los casos de soborno, sobre el nombramiento de los jueces y fiscales generales de los tribunales supremos nacionales, así como sobre los organismos implicados en la prevención y represión de la corrupción.

“España destaca en cuanto a la eficiencia en la mayoría de los casos; civiles, mercantiles y administrativos”

En cuanto a la eficiencia, la mayoría de los casos civiles, mercantiles y administrativos en España han experimentado mejoras durante el período de 2012 a 2021. A pesar de una disminución en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, el país logró una recuperación aún mayor en 2021, superando los niveles de eficiencia alcanzados en 2019. Sin embargo, el tiempo de resolución de casos mercantiles y civiles en primera instancia continúa siendo más alto que en 2012, lo que indica áreas en las que aún se puede mejorar.

En el ámbito administrativo, también se observa una mejora en la eficiencia en comparación con 2020, aunque sigue siendo inferior a los niveles de 2012. La tasa de resolución en 2021 alcanza el 100%, lo que demuestra que en el sistema judicial español no se están acumulando ni reduciendo el número de casos.

En términos de delitos de blanqueo de capitales, los procedimientos judiciales en primera instancia en España duran hasta 2 años por término medio, ubicándose en la media de 7 Estados miembros.

“España, segunda en acceso a la concesión de asistencia jurídica gratuita”

España sobresale por el baremo de accesibilidad para la provisión de asistencia jurídica gratuita. El umbral para acceder a la justicia gratuita se establece en el 45% (caso específico de consumo) sobre el umbral de pobreza de Eurostat, lo que garantiza que las personas por debajo de este umbral puedan recibir apoyo legal sin costos financieros adicionales, estando muy por encima de la media europea.

Además, las personas que reciben asistencia jurídica gratuita están exentas de pagar tasas judiciales, lo que elimina las barreras económicas para acceder a la justicia y recibir asesoramiento legal, no siendo el caso en muchos países europeos.

España también ha implementado medidas específicas para garantizar la igualdad de acceso a la justicia para personas en riesgo de discriminación y personas mayores. Además, se encuentra entre los países que han desarrollado un paquete integral de medidas para proteger a las víctimas de violencia de género y violencia doméstica.

“La independencia del sistema judicial es duramente cuestionada por la ciudadanía”

La percepción de independencia por parte de los ciudadanos es realmente negativa, con cerca del 60% calificándola como “bastante mala” o “muy mala”. La interferencia política y económica en el sistema judicial son las principales preocupaciones expresadas por los ciudadanos.

Sin embargo, en lo relativo a la independencia de los Colegios de la Abogacía y de los abogados, España se encuentra entre los países que cumplen con todas las medidas mencionadas, y en cuanto a número de abogados, es el sexto país por abogados por habitante (algo por detrás de Italia y Portugal) siendo primeros Luxemburgo y Chipre de forma destacada.

Puede encontrar el informe completo aquí