29 noviembre 2013

La Comisión Europea quiere más garantías para los ciudadanos en los procesos penales

La Comisión Europea ha presentado hoy un paquete de propuestas para reforzar las garantías procesales que amparan a los ciudadanos en los procesos penales. El objetivo es garantizar el derecho a un juicio justo a todos los ciudadanos, dondequiera que se encuentren en la Unión Europea. Las propuestas de hoy tienen por objeto garantizar: el respeto de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio; que los niños gocen de salvaguardias especiales cuando se enfrentan a procesos penales; y el acceso de los sospechosos y acusados a asistencia jurídica gratuita en las primeras fases de los procesos, sobre todo en el caso de las personas contra las que se ha dictado una orden de detención europea. Las nuevas propuestas constituyen otra piedra angular en la defensa de los derechos procesales y se suman al conjunto de otras tres normas de la UE acordadas desde 2010, relativas al derecho a la traducción e interpretación (IP/13/995), al derecho a la información (IP/12/575) y al derecho de acceso a un abogado (IP/13/921). Estas propuestas promueven el principio de «igualdad de armas», ofreciendo a todas las partes la protección de un juicio justo. Una vez adoptadas, estas propuestas contribuirán a aumentar la confianza mutua en los sistemas judiciales de los Estados miembros y, por lo tanto, a garantizar el correcto funcionamiento del Espacio Europeo de Justicia.

«No solo debe hacerse justicia, sino que también ha de verse que se hace. Cuando me convertí en la primera comisaria de Justicia de la UE en 2010, prometí reorientar nuestras políticas en el ámbito de la justicia. Antes de 2010, Doña Justicia sujetaba dos espadas y ninguna balanza. Desde entonces, la Comisión ha tomado medidas para dotar de un nuevo equilibrio a las políticas en el ámbito de la justicia mediante el refuerzo de los derechos y libertades de los ciudadanos. La Comisión Europea está obteniendo resultados: estamos instaurando una serie de derechos procesales que se aplicarán a todos los ciudadanos en toda la Unión Europea. Estamos construyendo un verdadero continente europeo de justicia», ha declarado la vicepresidenta Viviane Reding, comisaria de Justicia de la UE. «Las propuestas de hoy garantizarán que los ciudadanos más vulnerables dispongan de un acceso adecuado a la asistencia jurídica gratuita, que los menores sospechosos gocen de especiales salvaguardias y que el principio básico de ʻtodos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrarioʼ se aplique efectivamente en toda la UE. Los ciudadanos tienen derecho a esperar un nivel de protección similar al que tienen en su propio país cuando viajan por el territorio de la UE.»

Se han aprobado cinco propuestas:

1. Una Directiva para reforzar la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio en un proceso penal: esta Directiva asegurará el respeto de la presunción de inocencia de todos los ciudadanos sospechosos o acusados por la policía y las autoridades judiciales, garantizando que: (1) no se pueda inferir la culpabilidad de una persona de decisiones o declaraciones oficiales antes de una sentencia condenatoria; (2) la carga de la prueba recaiga en la acusación y cualquier duda beneficie al sospechoso o al acusado; (3) el derecho a permanecer en silencio se aplique efectivamente y no se utilice contra los sospechosos para obtener una condena; y (4) el acusado tenga derecho a estar presente en el juicio (véase el anexo para más detalles).
2. Una Directiva sobre salvaguardias especiales para los niños sospechosos o acusados de un delito: esta Directiva velará por que los niños, que son vulnerables debido a su edad, tengan un acceso obligatorio a un abogado en todas las fases del proceso.Esto significa que los menores no pueden renunciar a su derecho a ser asistidos por un abogado, ya que existe un notable riesgo de que no comprendieran las consecuencias de sus acciones si tuvieran la posibilidad de renunciar a sus derechos. Los niños también podrán beneficiarse de otras salvaguardias, como ser informados rápidamente de sus derechos, ser asistidos por sus padres (u otras personas habilitadas), no ser interrogados en audiencias públicas, el derecho a ser examinados por un médico y el derecho a permanecer separados de los presos adultos en caso de privación de libertad.
Directiva sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita provisional para los ciudadanos sospechosos o acusados de un delito y para las personas contra las que se ha dictado una orden de detención europea: esta Directiva garantizará que los sospechosos tengan acceso a la justicia gratuita en las fases iniciales de los procesos penales (cuando los ciudadanos acusados son especialmente vulnerables, especialmente si han sido detenidos). Garantizará asimismo la asistencia jurídica gratuita a las personas detenidas en virtud de una orden de detención europea (véase el anexo para más detalles).

Estas propuestas legislativas se complementan con dos recomendaciones de la Comisión a los Estados miembros:

4. Una Recomendación sobre las garantías procesales para las personas vulnerables sospechosas o acusadas en un proceso penal: el objetivo es garantizar que se identifique y reconozca a las personas vulnerables (por ejemplo, las que padezcan discapacidades físicas o psíquicas), y que sus necesidades especiales sean tenidas en cuenta en los procesos penales. Si los ciudadanos no entienden los procesos o las consecuencias de acciones tales como confesar, se produce una «desigualdad de armas». La Recomendación propone que los sospechosos vulnerables se beneficien de salvaguardias especiales, tales como el acceso obligatorio a un abogado, la asistencia de una tercera persona adecuada y asistencia médica.
Una Recomendación sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita para los sospechosos o acusados en los procesos penales: el objetivo es proporcionar factores comunes a tener en cuenta a la hora de determinar si una persona tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita, y garantizar la calidad y la eficacia de los servicios de asistencia jurídica gratuita y su administración.

ANTECEDENTES

Cada año se celebran en la Unión Europea 9 millones de procesos penales. El 9 de marzo de 2010, la Comisión Europea dio el primer paso con una serie de medidas para establecer normas comunes de la UE en todos los procesos penales. La Comisión propuso una serie de normas que obligarían a los países de la UE a ofrecer servicios completos de interpretación y traducción a los sospechosos (IP/10/249, MEMO/10/70). La propuesta fue adoptada en un tiempo récord de nueve meses por el Parlamento Europeo y los Estados miembros en el seno del Consejo (IP/10/1305). Los Estados miembros de la UE han tenido tres años para adoptar estas normas, en lugar de los dos años habituales, con el fin de dar a las autoridades el tiempo necesario para disponer de la información traducida (IP/13/995).

La Directiva relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales garantiza el derecho de los ciudadanos a ser interrogados, participar en vistas y recibir asesoramiento legal en su propio idioma en cualquier fase del proceso penal y en cualquier tribunal de la UE.

Esta norma fue seguida por una segunda Directiva relativa al derecho a la información en los procesos penales, adoptada en 2012 (véase IP/12/575), y por una tercera Directiva sobre el derecho a la asistencia letrada y el derecho a comunicarse con terceras personas y autoridades consulares en el momento de la detención, adoptada en 2013 (IP/13/921). Con las propuestas de hoy, la Comisión sigue avanzando en su hoja de ruta en este ámbito de la justicia penal, según lo previsto en el Programa de Estocolmo.

Sin normas mínimas comunes para garantizar un proceso justo, las autoridades judiciales se mostrarán renuentes a enviar a alguien a juicio en otro país. Como consecuencia de ello, podría ocurrir que las medidas de la UE para combatir la delincuencia, como la orden de detención europea, no se aplicaran plenamente.

ACCEDA A LOS DOCUMENTOS (en inglés)

REC Vulnerable persons

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