La Comisión incoa procedimientos de infracción contra 24 Estados miembros por no haber transpuesto las nuevas normas de la UE en materia de telecomunicaciones

La Comisión Europea ha incoado  procedimientos de infracción contra 24 Estados miembros, entre los que se encuentra España, por no haber transpuesto las nuevas normas de la UE en materia de telecomunicaciones. El Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas moderniza el marco regulador europeo de las comunicaciones electrónicas para mejorar las opciones y los derechos de los consumidores, por ejemplo, garantizando contratos más claros, la calidad del servicio y unos mercados competitivos. El Código también garantiza unos servicios de comunicación de más alto nivel, incluidas unas comunicaciones de emergencia más eficientes y accesibles. Además, permite a los operadores beneficiarse de normas que incentivan las inversiones en redes de muy alta capacidad, así como de una mayor previsibilidad normativa, lo que facilita servicios e infraestructuras digitales más innovadores.

La fecha límite para la transposición del Código a la legislación nacional era el 21 de diciembre de 2020. Hasta la fecha, solo Grecia, Hungría y Finlandia han notificado a la Comisión que habían adoptado todas las medidas necesarias para incorporar la Directiva a su ordenamiento jurídico, declarando así que su transposición estaba completa.

Por tanto, la Comisión ha enviado cartas de emplazamiento a Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, y Suecia pidiéndoles que adopten y notifiquen las medidas pertinentes. Los Estados miembros disponen de dos meses para responder.

El Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, que actualiza el marco regulador que ajusta el sector europeo de las telecomunicaciones a los nuevos retos, entró en vigor en diciembre de 2018, y los Estados miembros han tenido dos años para aplicar sus normas. Es un acto legislativo fundamental para lograr la sociedad europea del gigabit y garantizar una participación plena de todos los ciudadanos de la UE en la economía y la sociedad digitales.

Para ayudar a los Estados miembros a incorporar la Directiva al ordenamiento jurídico nacional, la Comisión ha supervisado el proceso de transposición y les ha proporcionado amplias orientaciones y asistencia. Además, el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) ha elaborado y publicado directrices para facilitar la aplicación de las nuevas normas.

En consonancia con el Código, la Comisión también adoptó en diciembre de 2020 legislación para reforzar la competencia, la armonización reglamentaria y condiciones de competencia equitativas para todos los participantes en el mercado, así como para proteger a los consumidores y facilitar tarifas justas y ofertas variadas en los servicios de Internet y de telefonía.

• Un nuevo Reglamento Delegado que fija tarifas únicas máximas de terminación de llamadas vocales a escala de la Unión que los operadores están autorizados a cobrar entre sí por la realización de llamadas fijas y móviles entre sus redes.
• Una Recomendación actualizada sobre mercados de referencia, en la que se pone al día la lista de mercados predefinidos que las autoridades reguladoras nacionales europeas deben examinar periódicamente.

Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_206