La Comunidad de Madrid cierra los Servicios de Orientación Jurídica

La Comunidad de Madrid ha comunicado al Colegio de Abogados la denuncia de los convenios que tenían suscritos ambas instituciones para la atención a los ciudadanos con menos recursos económicos, por lo que los Servicios de Orientación Jurídica dejarán de prestarse a partir del 31 de diciembre de 2012.

Algunos de estos servicios venían funcionando de forma interrumpida, en sedes judiciales, desde hace más de 25 años, con el fin de garantizar el derecho de defensa a los ciudadanos y realizando un apoyo constante a los Órganos Judiciales.

Durante 2011, más de 163.000 madrileños acudieron a solicitar información y asesoramiento jurídico para conocer y hacer valer sus derechos ante los tribunales, garantizándose a través de los servicios de orientación jurídica el derecho de defensa y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Esta situación se agrava aún más si tenemos en cuenta que el pasado mes de julio la Comunidad de Madrid dejó de prestar atención a los ciudadanos en las 27 oficinas judiciales distribuidas por todo el ámbito de su competencia y que atendían a más de 40.000 ciudadanos al año.

DECISIÓN UNILATERAL DE LA CAM QUE NO EJERCE SUS COMPETENCIAS

La ruptura unilateral por la Comunidad de Madrid del convenio de orientación jurídica implica una dejación flagrante de sus obligaciones legales en el proceso de transferencia de competencias y en su propia normativa, (artículo 7 de Estatuto de Autonomía), que reconoce que constituye un objetivo estratégico de la Administración autonómica acercar al ciudadano servicios y proporcionarle ciertas prestaciones asociadas a los mismos, como son la orientación jurídica de carácter gratuito.

Los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, eliminando los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y social. Se incumple así una función pública de interés general especialmente obligada en una situación de crisis económica que incrementa dramáticamente las desigualdades entre los ciudadanos, en perjuicio siempre de los más necesitados.  Máxime cuando se trata de servicios a cuya prestación el Colegio de Abogados de Madrid ha venido contribuyendo generosamente, con los recursos de todos sus colegiados, en un ejercicio de responsabilidad social que va mucho más allá de sus obligaciones legales y estatutarias.

Con esta decisión, Madrid se sitúa en una posición especialmente regresiva en materia de justicia pese a ser una Comunidad en la que concurren variables tan importantes como la capitalidad, la tasa de litigiosidad y la complejidad de su organización judicial que, sin duda, se verá afectada con la medida.

El Colegio seguirá esforzándose y luchando para que a nadie se le impida o limite el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.