La delegada del Gobierno en Madrid pide a la Policía un informe para aclarar si hay listas de abogados

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a petición del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), ha pedido a la Policía un informe para aclarar si los agentes cuentan con listados de letrados clasificados según su ideología y los clientes para los que trabajan, informa Europa Press.

La Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), en reunión urgente celebrada el pasado 4 de marzo, aprobó pedir a la delegada de Gobierno que aclarara si la Policía tiene listados de abogados clasificados según los clientes a los que defienden.

Este paso viene después de que el abogado Erlanz Ibarrondo recurriera al Colegio de Abogados para pedir amparo tras comprobar en dos atestados policiales de la Brigada Provincial de Información que se incluía una referencia suya sobre su ideología para que se tuviera en cuenta.

Según ha señalado la delegada del Gobierno, tras tener conocimiento de esta petición, se puso en contacto con la decana del Colegio, Sonia Gumpert, para informarse de lo ocurrido y solicitó a la Policía un informe sobre el asunto con el fin de poder comunicar con posterioridad una respuesta al ICAM.

Para el Colegio, esta posible práctica “vulnera el derecho de defensa y atenta gravemente al respeto y consideración debidos a la profesión”, por lo que la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno también acordó solicitar a Cifuentes el inicio de la pertinente investigación sobre los hechos denunciados y “la depuración de las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios policiales actuantes”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, solicitó al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,  que revise la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aquellos atestados policiales en los que se hace referencia al perfil político del abogado y se supriman aquellas actuaciones que atenten contra el trabajo e independencia de los letrados.

Esta comunicación formal -realizada al titular del Ministerio del Interior- se ha producido atendiendo la petición de la Asociación Libre de Abogados (ALA) que había denunciado graves ataques al derecho de defensa sufridos por un abogado mientras prestaba asistencia letrada a un detenido. Hace unas semanas, un abogado comprobó que en varios atestados de la Brigada Provincial de Información incluía una referencia sobre su ideología para que se tuviera en cuenta, además de incluir algunos datos de los clientes que defiende.

El presidente de la Abogacía ha exigido al ministro información detallada sobre estos hechos y que se inicie una investigación sobre la denuncia de ALA a los efectos de depurar responsabilidades.

La Abogacía considera que estas prácticas policiales suponen un atentado a principios básicos de un Estado de Derecho como son el derecho de defensa, el derecho a la presunción de inocencia, a la libertad e independencia tanto del abogado en ejercicio como del detenido para escoger al letrado de su confianza.