La fiscal general del Estado propone en la apertura del Año Judicial reformas procesales

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha advertido durante el Acto de Apertura de Tribunales que “todos” tienen “la imperiosa obligación de acatar la sentencia” que dictará próximamente el Tribunal Supremo en la causa del ‘procés’ independentista en Cataluña, “sea cual sea el sentido de la misma”.

Ha defendido que la actuación del sistema judicial en este caso ha consistido en la “aplicación serena, firme y rigurosa de la Ley”, con un juicio celebrado “bajo los más amplios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías de las partes”, lo que sólo puede ser interpretado como “la más viva afirmación” del Estado de Derecho.

La máxima responsable del Ministerio Público ha hecho estas manifestaciones durante su discurso ante el Rey y las máximas autoridades judiciales en el acto formal de Apertura del Año Judicial celebrado este lunes en el Tribunal Supremo.

Entre los presentes, la ministra de Justicia, Dolores Delgado; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la cúpula judicial encabezada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lemes; la práctica totalidad de miembros del alto tribunal y altos representantes de la Fiscalía, vocales del CGPJ y también integrantes del Legislativo como la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet y varios miembros de esta Cámara.

La fiscal ha utilizado una frase del filósofo francés Descartes -“la primera máxima de todo ciudadanos debe ser la de obedecer las leyes de su país”- para destacar que el normal funcionamiento del sistema de justicia es uno de los pilares en los que “ha de basarse la convivencia”.

“Una convivencia que, desde el respeto a la diversidad y al a libertad de opinión, habrá de seguir siendo garantizada en todo el territorio nacional mediante la única forma posible en un estado democrático”, el respeto a la Ley.

Se ha referido Segarra también al “compromiso” de los profesionales de la Fiscalía destinados en Cataluña, de quienes ha destacado su “lealtad con el orden constitucional”, que concretan a diario.

Frente a lo que ha denominado “desafío secesionista”, ha destacado cómo la Fiscalía ha actuado mediante una “acción combinada” en distintos ámbitos como el penal ante el Tribunal Supremo y otros órganos, los recursos ante el Tribunal Constitucional, el de Cuentas -en relación con los gastos del 9-N y el 1-O- y también en materia de cooperación internacional.

CONSTITUCIÓN Y AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA

El discurso de Segarra, que como es habitual en este acto ha versado sobre la Memoria Anual de la Fiscalía relativo al último año ya cerrado, en este caso el 2018, ha arrancado destacando la importancia del aniversario de 40 años de Constitución que se celebraron en dicho ejercicio. Un texto del que ha destacado que “ha inspirado a la ciudadanía española hacia uno de los mejores proyectos comunes de sus muchos años de historia compartida”.

Tras desgranar los datos estadísticos más destacados del año, Segarra se ha centrado en aspectos como la necesidad de seguir avanzando en su autonomía. En este punto ha anunciado que su Fiscalía ha sumido la “dirección estratégica de la formación” de los fiscales y ha destacado también el nuevo reglamento del Ministerio Fiscal, si bien son necesarias reformas “más ambiciosas” como el “impulso de una reforma” del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotar a esta institución de un nuevo marco normativo que consolide la autonomía que le reconoce la Ley.

Dicha reforma servirá, a juicio de Segarra, para superar definitivamente “cualquier reticencia que todavía pudiera existir para abordar lo que, sin duda, debería ser la gran reforma del proceso penal” en España. Esta reforma, a juicio de Segarra, debería atribuir al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación penal, dejando a un juez de garantías “en el rol que le corresponde en el debate contradictorio entre las partes”.

JUICIOS PENDIENTES DE ETA Y CORRUPCIÓN

En el punto referido al terrorismo la fiscal general ha recordado que el ejercicio 2018 vino marcado por la anunciado disolución de ETA, “cuya derrota ha sido posible por la respuesta decidida del Estado de Derecho”, si bien ha añadido que “todavía existen hechos sin resolver”. Por ello Segarra ha reiterado su compromiso con las víctimas y en la investigación de “todos y cada uno de los hechos delictivos atribuidos a esta organización criminal”.

No ha querido olvidar la principal representante de la Fiscalía que la lucha contra el terrorismo se enfrenta hoy a nuevos retos que se concretan en el fanatismo religioso y particularmente el yihadismo. Ha destacado también entre los principales objetivos de su departamento la persecución de la criminalidad informática, centrada en los delitos de odio, contra menores, de tipo sexual y machistas, además de los que suponen trata de seres humanos o violencia de género.

En cuanto a la corrupción, durante su discurso ante los representantes de las altas instituciones del Estado Segarra ha destacado como la intervención de la Fiscalía en este asunto se ha visto incrementada en los procedimientos judiciales en trámite -han pasado de algo más de 600 a casi 700-, y ello debido a la habitual apertura por parte de los jueces de instrucción de piezas separadas con las que se pretende simplificar y agilizar las investigaciones.

Sin embargo, a juicio de la fiscal general, un combate más eficaz contra estas actividades delictivas “exigiría una reforma en profundidad de la legislación sobre protección de denunciantes y testigos”, a fin de concretar las medidas que garanticen su indemnidad y centralizar su gestión.

Del mismo modo, se hacen necesarias para Segarra otras reformas procesales para la exigencia de responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas “que facilite la persecución de los ilícitos relacionados con el gasto público incontrolado”.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha reclamado hoy a las Administraciones, en el acto de apertura del Año Judicial que ha presidido el rey, “un esfuerzo importante para prestar a la Justicia la atención que merece” y acometer una reforma organizativa “de carácter integral”.

Durante su intervención, Lesmes ha señalado que es necesario “invertir con prontitud dinero y talento para implantar un nuevo modelo territorial y organizativo de la Justicia”, que debe ser dotada de los medios materiales y personales de que precisa “no como una reivindicación corporativa o interesada de quienes formamos parte de ella, sino como uno de los ejes que han de permitir que nuestro Estado de Derecho quede definitivamente vertebrado”.

El presidente del Poder Judicial ha advertido, no obstante, de que esa necesaria reforma de la Justicia, por su envergadura y complejidad, “solo puede ser abordada desde un amplio acuerdo político”, y ha añadido que
mientras eso no se produzca “difícilmente se podrá rentabilizar de manera real el esfuerzo inversor que se haga por parte de las Administraciones Públicas competentes y difícilmente podremos superar las actuales
ineficiencias”.