La Fundación Abogacía envía sus recomendaciones al II Plan de Derechos Humanos propuesto por el Gobierno

La Fundación Abogacía Española ha enviado sus recomendaciones al II Plan de Derechos Humanos propuesto por el Gobierno de España, entre las que se encuentran reforzar el rol de las instituciones de justicia en la reducción de las desigualdades, propiciar desde el sistema judicial, una sociedad pacífica, justa e inclusiva y prevenir la degradación ambiental y el impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos por parte de los operadores jurídicos.

El Gobierno entendió que, dada la importancia, el compromiso y el interés de la sociedad civil española con las políticas que se desarrollarán en este Plan, era fundamental incorporar la participación como elemento sustancial en el proceso de elaboración del mismo, por lo que inició una consulta pública, a fin de que tanto ciudadanos, como organizaciones y asociaciones realizasen sus aportaciones antes del 30 de abril de 2022.

Jueces, fiscales y abogados son fundamentales engranajes del sistema judicial español y garantes de la protección de los derechos humanos de la ciudadanía. Por ello, la Fundación considera relevante que a nivel institucional se desarrollen planes vinculados a la formación de los operadores jurídicos del sistema, y a su vez, se adopten las políticas públicas que permitan una mejora en la prestación del servicio de justicia, mediante un mayor esfuerzo en la protección de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Esta propuesta puede resumirse en los siguientes puntos: por un lado, el aumento de los recursos de formación y capacitación de los operadores judiciales y funcionarios que componen la Administración de Justicia, en áreas relativas al derecho de acceso a la vivienda digna, derechos de las personas con discapacidad y migrantes, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y responsabilidad empresarial, y por otro, la creación de políticas públicas de las instituciones de la justicia a través de planes o proyectos estratégicos particulares nacionales que procuren la reducción de las desigualdades.

El patronato promueve el compromiso de la abogacía en el logro de una sociedad pacífica, más justa e inclusiva. Para lo cual considera imprescindible el acceso de todas las personas a un servicio de justicia efectivo y de calidad, para obtener la protección y cumplimiento eficaz de sus derechos y puedan vivir dignamente conforme sus proyectos de vida.

Para alcanzar  dicho objetivo, la Fundación aconseja brindar un servicio público de justicia con una perspectiva transversal de género, accesible a toda persona mediante la eliminación de barreras institucionales y económicas y fomentar la cooperación interinstitucional, reforzando la articulación de estos programas con el Consejo General y los Colegios de la Abogacía, junto con el desarrollo de programas estratégicos de formación en derechos humanos en el ámbito de la Justicia.

En cuanto a evitar la degradación ambiental del impacto negativo en el disfrute de los Derechos Humanos por parte de los operadores jurídicos, la Fundación considera que resulta imperioso reconocer en este Plan la obligación de solidaridad para con las generaciones futuras y su derecho a disfrutar de los derechos humanos en igualdad de condiciones que las anteriores.

Por tal motivo, aconseja adecuar la prestación del servicio de justicia y de la profesión de la abogacía hacia unas mayores posibilidades de acceso a la justicia en materia medioambiental y la implantación de una economía neutralmente climática, mediante programas que tiendan a una reducción de la huella de carbono de esta actividad y a la persecución efectiva de contaminadores por encima de los límites legalmente fijados.