La Fundación Abogacía Española condena la vulneración de derechos fundamentales en la Cañada Real

La zona de asentamientos informales situada a tan sólo quince kilómetros del centro de Madrid conocida como la Cañada Real viene sufriendo desde hace más de tres meses cortes de electricidad. La falta de luz y calefacción afecta al menos a 4.500 personas, de las cuales 1.800 son niños y niñas. Los vecinos de la Cañada Real han relatado el flagrante abandono que llevan sufriendo durante años por parte de las autoridades competentes, si bien, consideran que la situación actual es especialmente sangrante. En el último mes, una niña tuvo que ser hospitalizada por hipotermia y un hombre de 74 años sin patologías previas ha fallecido, probablemente víctima del frío intenso. Este último caso, ya ha sido puesto en manos de la Justicia por un presunto delito de omisión del deber de socorro.

Todo ello deriva en una vulneración muy grave de derechos humanos. En primer lugar, de los derechos de la infancia, que debemos recordar España es Estado parte firmante de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y está obligado por ella. En segundo, de múltiples derechos básicos que van más allá del derecho a la vivienda y que afectan a todos sus habitantes, como, por ejemplo, el derecho a la educación, a la que los niños y niñas no pueden acceder sin la posibilidad de utilizar aparatos wifi que permiten el acceso a clases online.

La falta de electricidad vulnera el derecho a una vivienda digna, segura y adecuada, con impacto directo e íntimamente relacionado con el derecho a la salud, a la alimentación, al saneamiento, al agua e incluso al derecho a la vida.  Esta situación se agrava debido a la pandemia del Covid-19, cuando es crucial tener las mejores condiciones de higiene. Sin agua caliente, la higiene más básica es prácticamente imposible. Además, hay que tener en cuenta las temperaturas bajo cero que se viven en la Comunidad de Madrid desde el paso de la borrasca “Filomena”, lo que dificulta aún más permanecer en los hogares sin calefacción.

Por todo ello, la Fundación de la Abogacía Española se une a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil y a la propia ONU[1] para denunciar la vulneración de derechos humanos que están sufriendo todas estas personas. Además, realiza un llamamiento a las instituciones locales, autonómicas y nacionales para que actúen con todos los medios a su disposición, a la mayor brevedad, restableciendo la electricidad para que estas personas recuperen su dignidad y sus derechos.

[1] https://news.un.org/es/story/2020/12/1485882