La Fundación Abogacía facilita el acceso a la justicia a extranjeras presas en Perú

Fundación Abogacía Española, como Socio Operativo del eje Justicia del Programa Eurosocial II, ha promovido en el marco de su trabajo con el Ministerio de Justicia en Perú, la elaboración de un Protocolo para la defensa pública relativo al acceso a la justicia mujeres extranjeras privadas de libertad.

Durante la semana del 20 al 25 de octubre, Macarena Eseverri (técnico de proyectos de la Fundación para Eurosocial) y Marcos Baras (experto europeo de Eurosocial para el proyecto), se desplazaron a Lima para participar en  un taller de formación sobre el Protocolo dirigido a defensores públicos; la presentación del Protocolo ante más de 300 personas (defensores públicos, representantes de embajadas, magistrados, miembros de ONGs), y visita al establecimiento Penitenciario Piedras Gordas II, para presentar el Protocolo a las internas extranjeras allí ingresadas (más de 200 mujeres, entre ellas 40 españolas).

Además,  mantuvieron reuniones con representantes del Poder Judicial y algunas representaciones diplomáticas, ya que el objetivo es intentar involucrar a todos los actores en juego, en el intento de hacer efectivos los derechos y el cumplimiento de los beneficios penitenciarios de mujeres extranjeras privadas de libertad.

Fruto de esta visita, el Ministerio de Justicia de Perú ha establecido que los defensores dediquen un día a la semana a promover en exclusiva los beneficios penitenciarios de las mujeres extranjeras.  El resultado esperado en 2015 es que 100 mujeres queden  en libertad, ya que recientemente el gobierno peruano ha aprobado la Ley Nº30219, “Beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplan pena privativa de libertad”, gracias a la cual quienes tengan una condena inferior a 7 años (y sea la primera) y hayan cumplido de manera efectiva un tercio de la misma, podrán quedar en libertad.

En paralelo La Fundación Abogacía española seguirá colaborando con la Embajada de España y la Defensa Pública para promover la ejecución de los traslados a los países de origen, para que las mujeres extranjeras condenadas en Perú puedan terminar de cumplir su condena en su país, cerca de sus familiares.

En Perú, es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, el órgano encargado de brindar asistencia técnico legal a personas privadas de libertad, que carecen de recursos económicos suficientes. (Es decir, el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita que en el estado español asume el Turno de Oficio, en Perú es asumido por el Ministerio de Justicia a través de funcionarios públicos a los que se denomina  “defensores públicos”).

Desde la Dirección General de la Defensa Pública de Perú ha sido identificada claramente la necesidad de fortalecer la especialización de sus defensores públicos en la atención a mujeres extranjeras privadas de libertad, ya que las dificultades con las que se encuentran requieren un tratamiento y una atención especial.

Prácticamente la totalidad de las mujeres extranjeras que cumplen condena de prisión en Perú han sido condenadas por tráfico de drogas. El tiempo medio de las condenas es de entre 7 y 15 años, fruto de la falta de aplicación de criterios de proporcionalidad y de la repuesta al populismo punitivo, que sigue demandando penas muy altas. Es decir, se aplica la misma ley a los traficantes que a las mujeres que portan o ingieren droga para llevarla de un país a otro poniendo en peligro su salud y hasta su vida. El hecho de ser detenido o detenida por un delito relacionado con el tráfico de drogas (generalmente en un aeropuerto), justifica que puedan estar privados de libertad durante un plazo máximo de 15 días.

Según el “Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos”, estas mujeres tienen entre 25 y 39 años, son madres solteras con hijos a su cargo o embarazadas, analfabetas o con estudios primarios y con necesidades económicas severas. Actualmente, el grupo de mujeres extranjeras privadas de libertad en Perú alberga  70 nacionalidades,  aunque casi el 50%  son españolas. Esta circunstancia se ha visto fuertemente agravada en los últimos años por la crisis económica en España.

El hecho de ser extranjeras y carecer de arraigo y de un domicilio en el país ha provocado que se les cierre el acceso a beneficios penitenciarios como la semilibertad o la libertad condicional. Para intentar paliar este agravio, se ha aprobado la Ley Nº30219, “Beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplan pena privativa de libertad”. En virtud de esta ley quienes tengan una condena inferior a 7 años (y sea la primera) y hayan cumplido de manera efectiva un tercio de la misma, podrán quedar en libertad.

La Fundación Abogacía Española, a través del Programa Eurosocial II, está trabajando en colaboración con el Ministerio de Justicia de Perú, para promover el acceso a la justicia de este grupo de mujeres.