La Fundación expresa su preocupación por el incremento de la inseguridad en Colombia a causa del paramilitarismo

La Fundación Abogacía Española, junto con otras organizaciones, ha enviado una carta al presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, en la que se suma a la creciente preocupación por el aumento de presencia paramilitar en el territorio colombiano. La carta la suscriben organizaciones miembro y afines a la Caravana Internacional de Juristas: Colombia Caravana Lawyers Group (Reino Unido e Irlanda) y Lawyers Rights Watch Canada, además de la Fundación Abogacía. 

En la carta, los firmantes aseguran que “las informaciones recibidas revelan la gravedad de las amenazas vertidas contra defensores y defensoras de derechos humanos así como líderes y lideresas sociales en los departamentos de Antioquia (particularmente en la región de Urabá), Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Todo acto de hostigamiento, descrédito y ataques a la integridad personal que supongan un menoscabo de los derechos fundamentales que amparan a las personas defensoras de derechos humanos en el ejercicio de su labor deben ser objeto de investigaciones exhaustivas e imparciales. Sobre todos aquellos ataques graves que incluyen homicidios para que los responsables sean aprehendidos y comparezcan ante los órganos de administración de justicia. 

En el actual contexto de adecuación normativa que permita articular la implementación práctica de los acuerdos de paz, merece especial atención el punto 3.4 de los mismos, que prevé la creación de una Comisión de Garantías de Seguridad y una Unidad Especial de Investigación, dentro del marco de la jurisdicción ordinaria; de forma tal que se logre, entre otras cosas, el desmantelamiento total de los grupos paramilitares y  estructuras habilitadoras.”

Por su parte, el representante de ONU-DDHH en Colombia, a quien también se le ha enviado una carta en el mismo sentido, ha facilitado la siguiente información:

“La Oficina ha recogido información, tal y como se menciona en su Informe Anual 2016,  sobre la presencia de economías ilegales en varias partes del país, particularmente en las regiones mencionadas en su carta.  Dichas economías parecen incidir de manera importante en el incremento de los niveles de violencia y, con ello, en las violaciones a los derechos humanos, situación que se ha venido agudizando luego de la salida de las FARC-EP en el marco del proceso de paz y la entrada de otros grupos (grupos vinculados al crimen organizado –incluyendo el transnacional-, crimen local, ELN, EPL y disidencias de las FARC-EP) que pretenden controlar tales economías.

En ese contexto, en 2016 se registraron 63 casos (de los cuales se han verificado 60) de homicidios de líderes defensores de DDHH, de los cuales 18 ocurrieron en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Chocó. De estos 18 casos, 11 acaecieron en zona con presencia histórica de FARC, 17  ocurrieron en zonas donde se desarrollan economías ilegales, en 15 casos el presunto responsable estaría relacionado con intereses económicos, en 2 la autoría presuntamente sería del EPL y ELN y en uno más el presunto responsable sería un particular.

La Oficina en el marco de su Mandato continúa dando seguimiento a la situación de derechos humanos en el país, con especial énfasis en la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos”.