La Fundación impulsa la liberación de presos españoles en Ecuador tras una reforma que reduce sus condenas

Una delegación de la Fundación Abogacía Española, compuesta por su vicepresidente Carles McCragh, su coordinador de Proyectos, Francisco Segovia, y el abogado Gerardo Esteva, ha visitado a 60 presos españoles en Ecuador a quienes puede afectar la entrada en vigor del nuevo Código Orgánico Integral Penal, que incorpora una rebaja sustancial de las penas por tráfico de estupefacientes. Casi la totalidad de los 85 presos españoles en Ecuador están condenados por este delito.

Hasta agosto de 2014, las condenas por tráfico de drogas en el país latinoamericano no se modulaban en función de la cantidad portada. El nuevo Código Penal sí lo hace y por tanto las condenas por tráfico de cantidades pequeñas deben revisarse automáticamente. En consecuencia, una parte de los presos ya habrían cumplido su condena de privación de libertad y su excarcelación debería ser inminente.

La delegación de la Fundación se entrevistó con más de 60 presos y presas españoles para conocer sus casos y revisar su situación jurídica, gracias a las gestiones de los Consulados de España en Quito y en Guayaquil, así como de la Defensoría Pública de la República de Ecuador. Algunos de los españoles ya habrían cumplido sobradamente su condena en aplicación del llamado “principio de retroactividad y favorabilidad” que prevé el nuevo Código Penal. Otros, la mayoría, verían reducida su condena, aunque todavía les quedaría pena por cumplir, mientras que otro grupo de presos, los que portaban cantidades de droga elevadas, no se ven afectados por la reforma legal.

Los representantes de la Fundación se reunieron también con el Consejo de la Judicatura – el equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España- , el viceministerio de Rehabilitación Social, el Defensor del Pueblo, y la Defensa Pública (abogados de Oficio). Según estas autoridades, cerca de 1.100 personas han quedado en libertad desde agosto, fecha de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, de las que solo ocho son españolas. Las carencias en el sistema de justicia y la falta de armonización de procedimientos en el país latinoamericano impiden una tramitación ágil de la reforma en todos los casos.

Especialmente preocupante para la Fundación Abogacía Española es la situación de los presos españoles condenados en Ecuador  por tráfico de drogas pero que cumplen condena en centros penitenciarios españoles a los que fueron trasladados en virtud del Convenio de Estrasburgo o del Convenio bilateral entre España y Ecuador. Según pudo comprobar la delegación, las instancias judiciales ecuatorianas no han arbitrado un procedimiento claro para tramitar la revisión de la pena a estos internos ni han establecido quiénes serían los jueces competentes para ello, lo que podría provocar graves demoras en la revisión de las condenas de casi un centenar de personas que se encuentran en esta situación.

CASOS NO DETECTADOS

La visita de la delegación de la Fundación Abogacía Española a Ecuador ha impulsado los trámites de revisión de condena de algunos casos de españoles que no habían sido aún detectados en los centros penitenciarios visitados. Igualmente, se han propuesto procedimientos que aún no habían sido arbitrados y se han abierto nuevos canales de comunicación entre las instituciones ecuatorianas que intervienen en este proceso.

La Fundación Abogacía Española se congratula de que la República de Ecuador haya aprobado un nuevo Código Orgánico Integral Penal en la parte referida a la revisión de las condenas por tráfico menor de estupefacientes. Esta ha puesto de manifiesto la introducción en la legalidad de una visión moderna y progresista del derecho penal, la comprensión de la verdadera trascendencia social del delito en sus diferentes escalas, y la aplicación real en las normas del principio de proporcionalidad de las penas.

Al mismo tiempo, la Fundación reclama a las autoridades ecuatorianas que empleen los recursos necesarios para agilizar la revisión de las condenas y que incrementen sus esfuerzos para armonizar criterios en la aplicación de la reforma legal. Todo ello favorecerá, de acuerdo a la normativa vigente, a un gran número de ciudadanos ecuatorianos y de otras nacionalidades, y entre estos, de forma muy significativa, a varias decenas de españoles.