La Fundación trabaja por el acceso a la justicia de colectivos vulnerables en América Latina

La Fundación trabaja desde 2012 en uno de los compromisos que la vinculan a la región latinoamericana a través del Programa Eurosocial II, que financia la Comisión Europea y cuyo objetivo fundamental es mejorar el acceso a la Justicia de colectivos vulnerables.

El objetivo general de este programa es la eliminación de barreras que limitan o impiden el acceso a la justicia a grupos de población vulnerables. Dichos grupos han sido identificados como grupos de atención prioritaria de forma particularizada en cada país. De modo general se han establecido los siguientes: personas privadas de libertad; personas con discapacidad; jóvenes afrodescendientes; niños, niñas y adolescentes; mujeres víctimas de la violencia doméstica o comunidades indígenas.

El diseño de los proyectos y la selección de los colectivos beneficiarios se basa estrictamente en las pautas marcadas por las respectivas entidades públicas nacionales participantes, conforme a sus agendas institucionales y a sus propias políticas públicas.

La historia de colaboración que ha tenido lugar entre la Fundación y varias Defensorías Públicas de América Latina durante los dos últimos años, se ve fuertemente fortalecida en la acción prevista para el 2015. Teniendo en cuenta la coyuntura propia de cada Defensoría, la Fundación trabajará en el refuerzo institucional a través de la elaboración de Planes Estratégicos de las propias instituciones, e incluso en el acompañamiento de proyectos de ley, como en el caso chileno, cuyo objetivo es alcanzar su autonomía institucional. Este componente de refuerzo institucional va a tener lugar en las Defensas Públicas de Paraguay, Costa Rica, Argentina y Chile.

A raíz del trabajo desarrollado en 2014 dirigido a mujeres privadas de libertad, se han elaborado protocolos dirigidos a defensores públicos con la intención de que de forma complementaria al ejercicio de sus competencias, sean garantes de los derechos fundamentales de las mujeres. En Perú, Guatemala, y Costa Rica ya hay defensores públicos especializados en la defensa de mujeres extranjeras privadas de libertad, en ser garantes del debido proceso en el momento de la separación entre las mujeres y sus hijos menores de edad, y defensores que saben identificar los casos en los que los familiares de las mujeres se quedan en situación de dependencia y es necesario poner en marcha una red de derivación entre instituciones competentes.

Fruto de los resultados alcanzados, las defensorías de otros países han demandado como una prioridad el trabajo dirigido a las mujeres privadas de libertad y en algunos casos, se tomarán las experiencias de 2014 como referencia. Por ello en 2015, la Fundación va a trabajar con las Defensorías Públicas de Argentina, Chile, Guatemala, Perú, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua en materia de justicia de género y en defensa de los derechos de las mujeres privadas de libertad, al amparo de las Reglas de Bangkok.

A nivel regional y dando continuidad a la historia de colaboración con la AIDEF (Asociación Interamericana de Defensorías Públicas), se va a elaborar un Manual Regional de Derecho Penitenciario, como documento inédito en América Latina. Igualmente y con la intención de reforzar el compromiso con el componente dirigido a mujer, se va a redactar una Guía Regional sobre los derechos de las mujeres privadas de libertad, desde el enfoque de la Defensa Pública y de actores jurídicos.

Por último, en lo que corresponde al eje Acceso a Justicia, durante el 2015 la acción se centraliza en Honduras, a través de un tipo de cooperación interinstitucional entre varios Socios Operativos incluso de ejes distintos del programa Eurosocial como son Justicia y Salud. El trabajo que la Fundación ha desarrollado en 2013 y 2014 con el Poder Judicial para promover el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia doméstica se encuentra con la coyuntura idónea para poder generar toda una red que, poniendo en común la labor llevada a cabo por distintos socios, favorezca la puesta en marcha de un Plan Integral, como respuesta en la atención de las mujeres.