La introducción de los derechos fundamentales en la vigilancia genera confianza y mejora la seguridad

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), ha adoptado un informe que aborda las reformas introducidas en las leyes de vigilancia  para mejorar la transparencia, aunque señala que siguen siendo necesarios unos mecanismos mejores de control y equilibrio que se adapten a las facultades de los servicios de inteligencia. Este informe pone de manifiesto que para mejorar la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales son necesarios marcos jurídicos claros, unas garantías sólidas y una supervisión eficaz.

El segundo informe de La vigilancia por parte de los servicios de inteligencia: salvaguardias y tutela de los derechos fundamentales en la Unión Europea de la Agencia examina las modificaciones jurídicas introducidas desde el anterior informe de 2015 y refleja por primera vez las opiniones de responsables del tratamiento de datos y de expertos en materia de inteligencia para descubrir cómo funcionan en la práctica estas leyes.

Las amenazas en materia de seguridad y las nuevas tecnologías han propiciado la introducción de numerosas y amplias reformas en las leyes de vigilancia. Si bien es cierto que los marcos jurídicos reformados son más claros, continúan siendo demasiado complejos, y esto genera incertidumbre en lo relativo a las facultades y mandatos de los servicios de inteligencia. Esta situación exige unas garantías más firmes con respecto a la privacidad y la protección de datos.

El poder judicial, los órganos técnicos especializados, los comités parlamentarios y las autoridades competentes en materia de protección de datos desempeñan un papel fundamental a la hora de supervisar los trabajos de los servicios de inteligencia. Sin embargo, tal y como señala el informe, sus labores se ven obstaculizadas por la falta de acceso a la información, así como por lo limitadas que son sus competencias, sus facultades para emitir decisiones vinculantes, sus conocimientos técnicos, recursos e independencia.

Todo ello incide en la necesidad de contar con un mecanismo de supervisión independiente que posea suficientes facultades y competencias. Dicho mecanismo también se utilizaría en la cooperación internacional en materia de inteligencia, donde las garantías y la supervisión son incluso más débiles. También es necesario garantizar la máxima cooperación y complementariedad entre los distintos organismos de supervisión a fin de conseguir una cobertura continua de todos los pasos de la vigilancia, desde la autorización hasta la ejecución.

Otras cuestiones que tampoco facilitan la interposición de recursos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos de este tipo son las dificultades que existen a la 2 hora de averiguar a dónde acudir en busca de ayuda y el secretismo que rodea a los trabajos de inteligencia.

Además, muchos organismos no judiciales que pueden ofrecer apoyo carecen de conocimientos especializados para hacer frente a cuestiones de inteligencia, así como de la independencia y las facultades necesarias para investigar, acceder a los materiales y adoptar decisiones vinculantes. Sin embargo, algunos Estados miembros han encontrado soluciones que permiten a las personas reclamar justicia a través de jueces especializados que pueden acceder a información clasificada.

Fuente: http://fra.europa.eu/en/publication/2017/surveillance-intelligence-socio-lega