Andalucía llevará la Ley de Tasas al TC y la oposicion aragonesa pide que se derogue

El pleno de las Cortes de Aragón ha mostrado su oposición al contenido de la ley de tasas judiciales y ha pedido su derogación, al tiempo que ha instado al Gobierno aragonés a que se dirija al Ministerio de Justicia para que garantice el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, “especialmente a aquellos sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica”.

La iniciativa ha sido presentada por el PSOE y apoyada por este grupo, así como por el PAR, socio de gobierno del PP, CHA e IU, sumando 35 votos, mientras que el PP la ha votado en contra, con 26 votos, grupo que había presentado una enmienda que no ha sido aceptada. Sí se han transaccionado dos enmiendas propuestas por PAR e IU.

El diputado del PSOE, Carlos Tomás, ha recalcado el rechazo de “colectivos judiciales, civiles y de los ciudadanos” a esta ley y ha pedido al PP en las Cortes que “no sea cómplice de esta política” porque la justicia es un “servicio público fundamental y esencial”, mientras que esta ley “dificulta” a las clases bajas y medias acceder a la justicia gratuita, aunque “los más pudientes no tendrán dificultad en litigar”.

A su entender, “es preciso modernizar la Administración de Justicia, pero no a costa de cargar sobre los ciudadanos el coste de los servicios de forma abusiva y desproporcionada, en vez de buscar soluciones para evitar el colapso”.

El diputado del PP, Fernando González, ha argumentado que “no hay peor discriminación que esperar varios años a que se cumpla una sentencia”, para asegurar que en muchos países de Europa existen tasas “y en mayor medida” e indicar que parte de la recaudación será para la justicia gratuita.

El diputado del PAR, Joaquín Peribáñez, ha comentado que “ningún colectivo está de acuerdo con esta ley” y ha reclamado que “la tutela judicial sea efectiva” porque es un derecho constitucional, para reflexionar que si bien la reforma “es legal, no sé si es justa”.

La diputada de CHA, Nieves Ibeas, ha manifestado que la nueva ley “vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva”, “rompe la igualdad”, es “injusta y antisocial” y se ha tramitado “sin debate”.

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha asegurado que esta ley “nos sitúan en 1958, que es cuando había tasas para las personas físicas en la Administración de Justicia”, para remarcar que en democracia “es básico garantizar el acceso a una justicia libre y gratuita”, en vez poner “barreras”, de forma que los ciudadanos “van a estar todavía más desprotegidos”.

LA JUNTA DE ANDALUCIA RECURRIRÁ AL TC

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha anunciado que el Gobierno andaluz está estudiando presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y que entró en vigor el día 22 tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De Llera ha asegurado que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía está estudiando la posibilidad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad “al afectar esta norma a un derecho fundamental de la ciudadanía recogido en la carta magna como es el acceso a la tutela judicial efectiva”.

El consejero, según informa la Consejería en una nota, ha puesto de relieve que esta norma “limita ese acceso y disuade a la ciudadanía de recurrir a la Justicia, además de suponer un ataque a una parte importante de la ciudadanía que no dispone de recursos económicos para ello”. Asimismo, ha explicado que la ley “raya la inconstitucionalidad y pueden existir argumentos para presentar este recurso”.

El titular de Justicia e Interior ha subrayado igualmente que, con esta medida de Gallardón, “se rompe el principio de igualdad ante la Justicia y ha mostrado su rechazo a la misma, ya que el coste de estas tasas puede resultar en algunos casos superior a la cuantía objeto del litigio”. Por último, ha advertido de que desde Andalucía “defendemos un modelo público de Justicia universal” y ha lamentado que el Gobierno del Estado haya aprobado esta ley “con el rechazo de todos los partidos políticos, colectivos sociales y operadores jurídicos”.