La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Sabadell rechaza al Anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial

El pasado 19 de diciembre la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Sabadell, a instancias del Colegio de Abogados de Sabadell (ICASBD), acordó por mayoría el rechazo al Anteproyecto de Ley de demarcación y planta judicial, proyecto de ley que prevé una modificación de todos los partidos judiciales en todo el estado, así como una centralización de los juzgados a las capitales de provincia.

Como el ICASBD ha venido reiterando en los últimos meses, esta iniciativa legislativa significa un claro retroceso en el acceso a la Justicia puesto que, según ha destacado el decano de la institución, Sr. Juan Antonio García Cazorla, “supone alejar todavía más el ciudadano de la Administración de Justicia, ya que no responde a criterios geográficos, demográficos o de racionalidad, sino a motivaciones que nada tienen que ver con las necesidades de la sociedad en general”. En este sentido, García Cazorla ha puesto de manifiesto que los ciudadanos y ciudadanas de Sabadell y comarca verán claramente deteriorados sus derechos al cambiarse el actual modelo de justicia de proximidad por uno más centralizado, que a buen seguro los obligará a desplazarse en Barcelona para defender sus intereses. “Esta concentración en la capital de provincia supone un regreso a patrones de justicia del siglo XIX que nada tienen que ver con criterios de eficiencia, como se ha querido vender desde el gobierno central”, ha reiterado.

Así, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Sabadell, atendiendo la petición del Colegio de Abogados de Sabadell, ha adoptado los siguientes acuerdos:

Primero.- Expresar el más absoluto rechazo ante una reforma que tan sólo provocaría un grave prejuicio a nuestra ciudadanía al alejar y, por lo tanto, dificultar su acceso a la justicia.

Segundo.- Instar al Gobierno de la Generalitat para que proceda a hacer una propuesta de planta y demarcación judicial, en ejercicio de sus competencias, consensuada con los gobiernos locales del país, que tenga en cuenta las necesidades a satisfacer, la realidad geográfica, demográfica, económica y social de cada partido judicial y su tradición histórica, y no se base únicamente en el número de habitantes y las distancias respecto de las sedes judiciales.

Tercero.- Instar el Gobierno del Estado a estimar la propuesta que haga la Generalitat de Cataluña, a través del Departamento de Justicia.

Cuarto.- Hacer llegar estos acuerdos al Ilustre Colegio de Abogados de Sabadell, a las entidades municipalistas, al Ministerio de Justicia, al Departamento de Justicia, a todos los Grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña y a los grupos parlamentarios catalanes del Congreso de los Diputados.