La Justicia Gratuita en primera línea

Por Antonio Morán Durán, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española

Fieles a la cita anual ve la luz este decimosegundo Informe del Observatorio de Justicia Gratuita, institución ésta que es, en buena medida, el escaparate público de la Abogacía española.

Consolidado el sistema de Justicia Gratuita como el instrumento idóneo y más eficaz para dar cumplimiento al mandato constitucional del derecho a la defensa de todos los ciudadanos, el mismo es fruto del esfuerzo y profesionalidad de los miles de abogados que llevan adelante los servicios, así como de los Colegios que los gestionan. Pero, con independencia de lo anterior, se siguen evidenciando numerosas carencias cuyas soluciones no pueden esperar más.

REFORMA LEY 1/1996

En el año 2017 el Consejo General de la Abogacía inició conversaciones con responsables del Ministerio de Justicia con el objetivo de agilizar las transferencias trimestrales de las facturaciones, así como para actualizar los módulos de compensación. No era ésta una labor nueva la del Consejo, sino un renovado impulso para dar salida a crónicos problemas. Consecuencia de lo anterior, las compensaciones a los letrados se realizarán con periodicidad mensual y se obtuvo el firme y público compromiso del Ministerio de Justicia de actualizar los módulos. En los Presupuestos de Generales del Estado de 2018 consta un incremento en la correspondiente dotación.  No obstante, aparte del resultado que se consiga, no cesaremos en la permanente reivindicación para que se materialicen las medidas tendentes a dignificar y reconocer la generosa y paciente tarea de los compañeros que sostienen la Justicia Gratuita.

Seguimos solicitando una profunda reforma de la Ley 1/1996 y, en todo caso, al menos un nuevo reglamento. Las modificaciones legales operadas en las últimas dos décadas así lo exigen. Asimismo se ha venido constatando las dispares interpretaciones que diversas administraciones públicas hacen del régimen de acceso de los abogados a los servicios de la Justicia Gratuita. La Abogacía no puede seguir resolviendo estos problemas en los tribunales, aunque hasta la fecha éstos nos han venido a dar la razón.  En el presente informe se puede comprobar lo anterior. Poe ello precisamos claridad y estabilidad en nuestro marco regulatorio.

ORGANISMO ESTATAL

Igualmente seguimos solicitando la creación de un órgano estatal que pueda hacer un seguimiento del sistema de justicia gratuita con el objetivo de analizar y evaluar su funcionamiento, órgano éste en el que necesariamente debe tener cabida la Abogacía junto con otros operadores jurídicos y las Administraciones territoriales responsables de Justicia. Las exigencias de transparencia en la Justicia Gratuita deben pasar necesariamente por un replanteamiento de la actuación de todos los implicados, no pudiendo quedar exentas ni la Abogacía ni las Administraciones públicas.

Del contenido de las recomendaciones del Grupo de Expertos se desprenden también otras carencias del sistema que, sin agotar su enumeración, nos muestran el trabajo que seguimos teniendo por delante.

Desde la Abogacía apostamos firmemente por seguir en primera línea, asumiendo los retos que nuestra compleja y variada sociedad nos ofrece y trabajando por dar respuesta a todos ellos. Creo no equivocarme al decir que hace años ya empezamos a enfrentarnos con el futuro, desarrollando herramientas tecnológicas para la tramitación de expedientes, para gestionar los servicios de los profesionales, para generar prestaciones de orientación jurídica a presos, inmigrantes y menores, o para dar un asesoramiento integral a la mujer. Todo esto lo iniciamos hace años, y se ha contrastado que fue un acierto.

Así, y a modo de ejemplo, se incluye en este informe una reseña sobre la Ley 9/2017, de 19 de octubre, por la que se regulan los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos de Aragón. Esta norma supone una consagración en soporte legal de los servicios de orientación jurídica que venían prestando los Colegios de Abogados desde hace dos décadas, declarando los mismos como un servicio social público y encomendando su gestión a aquéllos.

Por último deseo destacar, a la vista del informe de Metroscopia obrante en este informe, el alto nivel de aceptación y confianza que los ciudadanos otorgan a la Justicia Gratuita. Lo anterior es muestra de la buena gestión que efectúan los Colegios de Abogados y, muy especialmente, del abnegado trabajo de los miles de abogadas y abogados que diariamente dedican sus esfuerzos a materializar el Derecho de Defensa. Sin éste no hay Justicia y sin Justicia, no hay Estado de Derecho.