La justicia onubense al límite: vuelva en 2026

El juzgado de Primera Instancia nº 8 de Huelva ha señalado una audiencia previa de cláusulas suelo para el 3 de diciembre de 2026, es decir, para dentro de cuatro años y nueve meses, exactamente a las 12:00 horas.

Y se trata, además, de una demanda por gastos y comisión de apertura, en la que los juzgados dan la razón a los reclamantes en más de un 90 % de las veces. Serán entonces más de cinco años de espera para llegar a una fase intermedia que no es la del juicio propiamente dicho, para el que no hay fecha.

“Llegado el día, las partes podrán ponerse de acuerdo o no, puede que se entren a valorar cuestiones previas y se dilate todavía más el proceso. Mi cliente podría cobrar en 2028”, lamenta Ignacio Zalvide Pla, abogado que acaba de recibir el señalamiento.

El letrado, que lleva más de 25 años de ejercicio profesional, asegura nunca haberse encontrado en una situación semejante. “Se trata de un procedimiento abreviado y es un caso en el que tenemos muchas posibilidades de ganarlo, ya que hay una jurisprudencia más que suficiente”.

Fernando Vergel Araújo, decano del Colegio de Abogados de Huelva, tiene constancia de dos señalamientos más de este juzgado para ese año. “Sólo hay un juzgado especializado en cláusulas suelo, el nº 8. Se creó uno extra, el Juzgado 6 bis, que ya cumplió su función y no admite más casos. Harían falta un par de juzgados más”.

Zalvide apunta que la falta de espacios, de personal y de órganos, y la insuficiente digitalización está detrás de este cuello de botella. “El dato habla por sí solo, un retraso de este calibre supone una indefensión como consumidores para reclamar ante la banca aquello que en derecho le corresponde”. Y denuncia que casos como este demuestran que “el derecho a la tutela judicial efectiva brilla por su ausencia”.

También ha complicado la situación el que los juzgados hayan asumido una carga de trabajo superior a la ratio recomendada por el Consejo General del Poder Judicial, de entre 600 y los 800 asuntos anuales y en estos juzgados se atienden más de 1.000, según datos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Andalucía. Vergel añade que “cada caso tiene su peculiaridad y no se puede obligar a trabajar al juez como si fuera una máquina”.

La situación podría mejorar si se reactivara el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Huelva: “aunque tenemos el terreno, no hay el más mínimo atisbo de inversión”, denuncia el decano, que añade que tampoco sería la panacea, porque hacen falta más órganos judiciales.

El abogado Zalvide elevó una queja al CGPJ reclamando un adelanto de la vista, pero este le ha respondido asegurando “no tener competencias para ello, ya que redundaría en perjuicio de los restantes asuntos a la espera de juicio”.