La LECrim obligará a proteger la imagen de los detenidos durante su arresto y traslados

• Los ‘populares’ rebajan la petición del grupo catalán que quería que se evitara “la exposición al público” del arrestado

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal obligará a proteger la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, con la intención de “asegurar el respeto a sus derechos constitucionales”.

La norma incluirá esta nueva previsión después de que el PP haya transaccionado una enmienda presentada por CiU en el Congreso de los Diputados. El grupo catalán iba un paso más allá y exigía a las autoridades públicas “evitar la exposición al público” del arrestado.

El inciso al artículo 520 propuesto por los ‘populares’ no concreta, sin embargo, qué medidas deben adoptarse en las detenciones y desplazamientos y deja en manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado las prevenciones a adoptar para cumplir la ley y evitar lo que se ha dado en llamar “pena de Telediario”.

‘RESPETO A LA DIGNIDAD’

CiU proponía que los agentes estuvieran obligados a proporcionar “un trato digno y respetuoso con los derechos fundamentales, tanto en el momento de efectuarse la detención como en los traslados a dependencias judiciales, cuarteles o centros de internamiento garantizando en todo momento el respeto a la dignidad de la persona detenida”.

Además, pedía preservar la presunción de inocencia y que “durante las diligencias policiales las autoridades públicas eviten la exposición al público del detenido de acuerdo con los principios de proporcionalidad y seguridad”. También reclamaba que se “respete la confidencialidad de las comunicaciones entre sospechosos o acusados y sus letrados”, evitando “filtrar o difundir datos o imágenes a terceros o a medios de comunicación”.

El PP introducirá en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal la obligación de que los jueces justifiquen en un auto su decisión de autorizar la detención incomunicada. Esta medida, que se introducirá a través de una enmienda transaccional, acompañará a otras “medidas de garantía” ya previstas, como la grabación de todo el proceso.

Según ha adelantado el diputado ‘popular’ Gonzalo Ordóñez durante el debate en la Comisión de Justicia del Congreso del texto, la norma incluirá además la obligación de que los arrestados incomunicados sean sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas para comprobar su estado físico y psíquico.

El PP ha querido atender de este modo las críticas lanzadas por el grupos parlamentarios vasco, catalán y mixto que consideran que esta reforma legislativa constituye una oportunidad perdida para eliminar la incomunicación.

Consideran que el plazo establecido de cinco días crea “espacios de opacidad” que podrían fomentar los malos tratos o torturas a los detenidos y recuerdan que España ha sido condenada en varias ocasiones por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) por no investigar suficientemente las denuncias de presos por este motivo.

PLAZOS PARA LA INSTRUCCIÓN

Durante el debate de las enmiendas parciales en la Comisión el PP ha defendido, además, los plazos a la instrucción que fija el Proyecto de Ley que, según Ordoñez, no sólo darán una mayor respuesta judicial a las denuncias sino que “podrán coto a la estigmatización” de los acusados que, muchas veces, es inmerecida y puede prolongarse durante años.

El diputado ‘popular’ ha precisado que esta previsión creará la convicción en los juzgados de que su actividad está siendo “monitorizada” o “sometida a análisis” y ha recordado que, en ocasiones, las causas se extravían o “se dejan en un armario” largo tiempo.

Los socialistas han rechazado, sin embargo, estos argumentos. En boca de su diputada Soraya Rodríguez, el PSOE ha indicado que recortar el tiempo de investigación es ineficaz, provocará dudas jurídicas y servirá para fomentar la impunidad.

El Proyecto de Ley prevé un periodo ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses.

Rodríguez ha criticado especialmente que el texto no refleja “la verdadera consecuencia” del incumplimiento de los plazos y prórrogas previstos. El PSOE también cuestiona otros puntos de la ley como la ausencia de judicialización en casos de delitos sin autor conocido o la autorización de escuchas en domicilio en delitos que no sean de terrorismo o crimen organizado.

LA DESAPARICIÓN DEL USO DE ‘IMPUTADO’

También ha levantado críticas otro de los puntos fundamentales de la ley, la modificación del término ‘imputado’ que queda sustituido por ‘investigado’ o ‘encausado’.

En opinión del diputado del PNV Emilio Olabarría, la nueva expresión acabará siendo igual de estimatizadora que la actual. Por su parte, el representante de IU Gaspar Llamazares ha acusado al Ejecutivo de “dedicarse a la estética” y tapar la falta de contenido de la reforma legislativa con este “maquillaje” dialéctico.